Por: Carlos Amaya.
Según el informe “Ni un paso atrás” realizado por OXFAN, la Fundación para el Desarrollo de Centroamérica (FUDECEN) y el Doctorado en Ciencias Económicas de la UES, el número de ultra ricos en El Salvador pasó de 100 a 110 en 2019, confirmando que la concentración de la riqueza se mantiene en pocas manos, mientras que la pobreza pasó a 46% en el área rural y a 17% en la zona urbana.
El coordinador del estudio, Dr. Óscar Cabrera, declaró que estas personas más ricas están acumulando un total de $8.9 mil millones de dólares y solo la persona más rica posee $5.3 mil millones, riqueza superior al presupuesto general de la nación de 2021. “Estos datos, creo que son muy importantes, para que vayamos dimensionando la importancia de tener un sistema tributario más justo”, dijo Cabrera.
Además, el 46.7% de los hogares salvadoreños, están enfrentado inseguridad alimentaria, el 26.4% de la población rural, no cuentan con ningún servicio de agua potable ni saneamiento, lo que indica que el acceso al agua potable en calidad y en cantidad sigue siendo una deuda de los gobernantes, mientras que el 89% de los salvadoreños se considera que vive en zona de riesgo y el 59% de las viviendas no cuentan con servicios sanitarios dentro del hogar.
En cuanto a educación y aprendizaje la investigación revela que, en el 2019, tan solo el 11% de los jóvenes del área rural aprobaron la educación básica comparado con el 34% de las áreas urbanas. Además, el 84% de las escuelas privadas tuvieron acceso a internet comparado con el 28% de los centros escolares público.
El informe también revela que El Salvador posee la segunda tasa más elevada en el mundo de personas privadas de libertad, superada solamente por Estados Unidos que se posiciona en el primer lugar. “Referente a esto, hay una impunidad legal, una violencia estatal y una discriminación institucional. Falta de un poder judicial, una policía independiente y un marco legal que garanticen la rendición de cuentas”, dice Cabrera.
La investigación constata que la pandemia del COVID-19, ha desnudado las condiciones estructurales que traía la economía y las desigualdades sociales que vivía nuestro país, “estas brechas que están marcando la desigualdad y la exclusión de las personas, han impedido el ejercicio pleno de los derechos humanos en El Salvador”, afirma Cabrera.
El estudio propone un pacto social en donde se implemente un conjunto de políticas publicas que lleven a la búsqueda de la igualdad que siente las bases para transitar a una economía más humana con una protección social y universal que garantice una seguridad ciudadana, una cultura de paz y se eliminen todas las formas de violencia.