Por: Prensa Izcanal.
Cinco países: Nicaragua, El Salvador, Ecuador, Haití y República Dominicana, no cumplen los requisitos del Departamento de Estado de EEUU en cuanto a transparencia fiscal en el 2020, según un informe anual divulgado este viernes.
El reporte Transparencia Fiscal 2021 es un documento encomendado por el Congreso al Departamento de Estado, que expone cómo los gobiernos del mundo invierten sus presupuestos e ingresos generados por impuestos, publicó el viernes la Voz de América en su portal de internet.
El informe refleja hasta qué punto los gobiernos cumplen los requisitos mínimos de transparencia y ofrece una ventana a los ciudadanos sobre su administración. También ayuda a establecer la confianza de los mercados y la sustentabilidad, dice el resumen.
El departamento concluyó que de los 141 países evaluados, 74 cumplieron los requisitos mínimos de transparencia fiscal en 2020 y 67 no los cumplieron, pero destaca también si alguna de las naciones incumplidoras hicieron algún progreso para cumplir los requisitos.
El Salvador
Según el informe, el presupuesto del gobierno y la información sobre las obligaciones de la deuda fueron accesibles al público. No obstante la entidad norteamericana expresó severas observaciones al manejo de las finanzas públicas del gobierno de Nayib Bukele.
Sin embargo, aunque el presupuesto estuvo sustancialmente completo, los ingresos reales y los gastos no correspondieron razonablemente a los que aparecían en el presupuesto.
Hubo preocupaciones, además, de que el gobierno no proporcionó una información completa a la legislatura sobre los gastos relacionados con el COVID-19.
Están cuestionados por el manejo de fondos el actual ministro de Salud, Francisco Alabí; el ex ministro de Agricultura, Pablo Salvador Infante; el ex presidente del Fonaes, Jorge Aguilar; entre otros.
La institución de auditorías revisó partes del documento, pero no tiene la capacidad para auditar el presupuesto completo ni la autoridad para llevar a cabo sus obligaciones.
El proceso de contratos para la extracción de recursos naturales está protegido por la ley y parece que se cumple en la práctica, dice el informe, y la información básica al respecto estuvo disponible públicamente.