Han pasado 15 años desde el desastre ambiental que contaminó con plomo la sangre a los 6 mil habitantes de Sitio del Niño, municipio de San Juan Opico, departamento de La Libertad, por parte de la empresa Baterías de El Salvador, conocida como Baterías Récord. Sin embargo, las madres y padres de familia de los menores que han resultado lesionados por esta contaminación agravada permanecen demandando justicia.
A pesar que las autoridades salvadoreñas no han brindado justicia para las afectados, estos aún luchan por conseguirla, por ello se presentaron a la Asamblea Legislativa para presentar una petición de interpelación contra el Fiscal General de la República Lic. Douglas Meléndez Ruiz, por negligencia en el caso.
“Hemos venido a la Asamblea para que sienten al señor Fiscal, para que explique por qué se oculta la realidad de esta problemática, en vez de favorecer a las víctimas del Sitio del Niño, que somos más de 6 mil personas, mejor favorecen a los dueños de la empresa la familia Lacayo”, señalo Maura Reyes residente de la zona contaminada.
“Por 15 años nos han retardado la justicia, ahora nos enteramos de una resolución de una indemnización de $195 para 128 personas de la comunidad, es indignante, con eso nos mandan un mensaje que la población no vale nada, el daño causado es miles de personas”, manifestó Rufo Alejandro de la Cruz poblador del Sitio del Niño.
Por ello, las personas afectadas por contaminación con plomo acudieron a la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa para exponerle esta lamentable situación y se cite al señor Fiscal General de la República Lic. Douglas Meléndez Ruiz, para que explique la supuesta conciliación con algunos de los representantes de los menores lesionados por Baterías de El Salvador, en donde los fiscales parecen estar de acuerdo destaco Ovidio Mauricio director de la Asociación de Derechos Humanos Dra. María Julia Hernández.
“Nos hemos visto ninguna acción contra la familia Lacayo como la extradición para que respondan por las lesiones y contaminación causadas a estas familias, como decía monseñor Romero la justicia muerde a los descalzos” cito Mauricio al referirse al actuar de la fiscalía en el caso.
“La contaminación es gravísima, los diputados en su momento manifestaron que el daño fue comparado como impacto de una bomba atómica que estallo en el lugar, se trata de afectaciones en la salud, la contaminación del medio ambiente y a sus proyectos de vida”, agregó.
Las personas afectadas han estado en todas las audiencias invirtiendo tiempo y dinero, para que al final reciban una cifra ridícula de indemnización monetaria, generado un gran impacto para su esperanza de justicia y reparación que consideran se merecen. Sin embargo, se enfrentan a un sistema judicial que se ha caracterizado de incapaz de impartir justicia a las víctimas y de favorecer a los hechos de los crímenes ambientales.
Por Alfredo Carías.