Por: El Faro.
El abogado Luis González aplaude que en la Asamblea Legislativa se haya retomado la discusión sobre la Ley General de Aguas. Lo considera un logro de las organizaciones sociales ya que, según dice, ni el agua, ni el medio ambiente han sido «una prioridad del Gobierno”. En esta entrevista, González habla del proyecto de Ley presentado por el Gobierno de Nayib Bukele y advierte los puntos que considera peligrosos. Dice que la ausencia de la contraloría ciudadana es la principal falencia. También señala como peligro «la conformación presidencialista del ente rector» y que se otorguen permisos por 15 años prorrogables. Este último, dice, abriría la puerta a la privatización del agua.
Luis González es abogado de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) desde hace 15 años. Desde que empezó a trabajar formó parte del equipo jurídico al que se le encomendó trabajar en una propuesta de Ley General de Aguas. Colaboró en la creación de la primera iniciativa presentada a la Asamblea Legislativa el 22 de marzo de 2006 por Cáritas de El Salvador y la UNES.
Ha leído la propuesta presentada por el Gobierno de Nayib Bukele y dice algunas medidas pueden poner en riesgo el acceso al agua. Lanza una alerta muy explicíta: teme una privatización disfrazada de política pública. González señala del riesgo de que empresas o sectores abusen del agua.
Al hablar de esta ley hay que contextualizar: ni Arena ni FMLN se pusieron de acuerdo en las distintas iniciativas presentadas y la propuesta de distintas organizaciones de la sociedad civil estuvo estancada por más de 10 años. El debate transcurrió por 3 legislaturas: 2012-2015, la 2015-2018 y la 2018-2021. Fue en esta última, cuando ya no tenían poder, que Arena y FMLN avanzaron en la aprobación de 111 artículos de los 160.“Hay fuertes sectores económicos que no les interesa que se apruebe una ley general de agua”, dice González.La ausencia de una ley ha beneficiado a explotadores de agua, añade, ya que la falta de regulación impide que el Estado exija pagar lo que vale o simplemente pagar por ella.
En la discusión de 9 años, se había tomado en cuenta lo propuesto por las organizaciones, aglutinadas desde 2018 como Alianza Nacional Contra la Privatización del Agua. Sin embargo, con la nueva Asamblea Legislativa, la Comisión de Medio Ambiente optó por enviar al archivo esa, como muchas otras propuestas en debate. “Lo cual sin duda es lamentable. Había propuestas buenas, como muy malas, pero también había otros temas importantes: ley de cambio climático, reformas a la ley forestal, revisión de agrotóxicos”, concluye.
El 18 de junio pasado, el Ejecutivo envió a la Asamblea Legislativa su propuesta de ley. El presidente Nayib Bukele dio 90 días para que el Legislativo los discuta y apruebe. Para esta entrevista, González se basa en un documento con 164 artículos que fue compartido ese mismo día de forma extraoficial. Este texto habla de una Autoridad Salvadoreña del Agua conformada por 11 instituciones del gobierno, pero sin la participación y contraloría de la ciudadanía. «No es garantía de que su gestión será netamente pública», advierte. “¿Cómo vamos a poder monitorear que alguien a quien le den un permiso por 15 años para extraer más de 470 mil metros cúbicos (más de 473 millones de litros al año) no saca más? Eso no se puede garantizar. Si quitamos los órganos de participación ciudadana y de control, otro peligro de la ley es esto”, cuestiona.