Por: Radio YSUCA.
La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA, presentó ante la Fiscalía General de la República una denuncia en contra de los magistrados de la Sala de lo Penal, José Argueta y Juan Bolaños, por el delito de prevaricato tras negar la reapertura del Caso Jesuitas.
También está la posibilidad de recurrir a la Sala de lo Constitucional, pero la institución no lo ha querido hacer porque es una Sala impuesta, sería una tarea inútil, ha afirmado el director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, IDHUCA, el sacerdote jesuita José María Tojeira.
La defensa del coronel Guillermo Alfredo Benavides, preso por la masacre de los sacerdotes jesuitas y sus dos colaboradoras, pidió un indulto a la Asamblea Legislativa de la pena de 30 años de prisión impuesta al militar. Los actuales diputados negaron dicha petición.
Según Tojeira, aparentemente se ve que quieren un castigo más duro para Benavides, quien fue un autor material de los asesinatos, pero no hacen nada contra los autores intelectuales de la masacre de la UCA.
Evidentemente la UCA ha defendido el Estado de Derecho y los derechos humanos y cuando eso pasa siempre se reciben ataques. Cuando una institución tiene peso moral, molesta al Gobierno, sobre todo si es autoritario y depende mucho de la opinión pública, asevera Tojeira.
La defensa sistemática de la verdad puesta en el rostro de quienes sufren violencia es una herencia de los mártires de la UCA y un desafío para construir un país más humano y más fraterno, afirma José María Tojeira, director del IDHUCA.