En cadena nacional el Presidente de la República, Nayib Bukele, aseguró que los archivos militares sobre la masacre de El Mozote y sitios aledaños no están en el Estado Mayor Conjunto de la FAES. En otro tema, confirmó que el Gobierno no firmará el Acuerdo de Escazú por diferencias “con algunas cláusulas”.
«Este Gobierno está comprometido con la justicia y la verdad», en cadena nacional ofrecida esta noche el Presidente de la República, Nayib Bukele, reiteró lo que dijo al inicio de su período: estar a favor de la verdad y del lado de las víctimas. No obstante, aseguró que no permitirá la inspección de archivos militares.
La reacción de Bukele se da días después de que militares impidieran al juez de Instrucción de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán, ingresar al Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada (FAES), para realizar una inspección programada desde el mes de junio, dado que el ministerio de Defensa ha negado esta información que, según abogados, es clave para determinar lo sucedido en diciembre de 1981 al norte de Morazán.
Según el mandatario, «la mayoría de archivos fueron destruidos en estos 40 años, no sabemos cuándo”. Y agregó que “su Alto Mando militar” no había ingresado al ejército cuando ocurrió la masacre.
Durante la cadena nacional, que también fue una conferencia de prensa, mostró una serie de cajas que, afirmó, son la “única información sobre la masacre de El Mozote” que encontraron en los archivos. Sostuvo que éstas serán entregadas al juez de la causa.
Tras afirmar que él está “desclasificando información” y que es el Comandante General de la FAES quien puede tomar esa decisión, Bukele señaló que el juez de Instrucción de San Francisco Gotera “no tiene jurisdicción sobre la Fuerza Armada”.
“Lo que ellos quieren es entrar para encontrar operaciones militares de la semana pasada. Ellos saben que los archivos no están en el Estado Mayor Conjunto», apuntó haciendo referencia al juez, Jorge Guzmán, y al Procurador de Derechos Humanos, Apolonio Tobar.
De acuerdo a la interpretación que el mandatario hace de la Constitución de la República, la única que «puede pedirle informes es la Asamblea Legislativa”.
Tras el bloqueo a la inspección de archivos militares, el juez Jorge Guzmán, emitió una resolución en la que informó que solicitará al Presidente y al ministro de Defensa un informe para saber quién dio la orden de no permitir el proceso.
Durante la cadena nacional, y al ser cuestionado por la prensa, el Presidente Bukele aseguró que el Gobierno no firmará el Acuerdo de Escazú, porque «no están de acuerdo con algunas cláusulas que no aplican para el caso de El Salvador». Sobre todo aquellas que “afecten el desarrollo”. «Nosotros no podemos dejar de construir viviendas», dijo.
Este instrumento, entre otras cosas, permitiría que se adopten medidas para la protección de personas defensoras del ambiente y que se establezcan acciones para la participación de la ciudadanía en las decisiones ambientales.
Sobre el anuncio del Presidente, el Equipo Impulsor del Acuerdo de Escazú-El Salvador lo calificó como un “mensaje fuerte y claro, (que) no está a la altura del cambio de época que vivimos, el compromiso con la defensa de la naturaleza es el gran reto de estos duros tiempos, es un retroceso y mensaje negativo contra el multilateralismo”.
Durante su cadena nacional y ante preguntas de la prensa, el Presidente de la República señaló, en varias ocasiones, que su Gobierno respeta la libertad de prensa y expresión.
“Nos comprometemos a garantizar la libertad de expresión y de prensa al 100%”, aseguró.
Sin embargo, de nuevo, hubo denuncias en redes sociales de parte de algunos medios sobre que no se permitió preguntas. Y, de hecho, el mandatario volvió a arremeter contra algunos periodistas que cuestionaron temas como la negociación del Gobierno con pandillas –revelada por una publicación de El Faro– o la carta que hoy enviaron congresistas republicanos señalando debilitamiento de la democracia en el país.
Sobre el tema, la presidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), Angélica Cárcamo, cuestionó los criterios utilizados por la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia para permitir preguntas y sobre que había material gráfico “preparado” para las respuestas del Presidente.
“Un periodista hace una pregunta y @nayibbukele casualmente ya tenía un video listo para responder”, cuestionó Cárcamo.
La APES ha denunciado que durante el primer año de Gobierno del Presidente Bukele, se registra un incremento de vulneraciones a la prensa.
Otro tema por el que el Presidente Bukele fue cuestionado fue sobre las declaraciones dadas en una comisión legislativa por el expresidente del Banco Central de Reservas (BCR), Nicolás Martínez. Al respecto, Bukele señaló que «Nicolás Martínez dio información verídica, pero se enfrentó a políticos que tergiversaron sus palabras».
El Presidente señaló que el expresidente del BCR “era técnico y no político” y reiteró el discurso que ha manejado durante la pandemia sobre que no han recibido fondos por parte Asamblea Legislativa. Expresó que solo les aprobaron $3,000 millones, «una décima parte de lo que han recibido otros países de la región».
Reconoció que el resto de fondos utilizados «han sido los ingresos normales del Estado». Una publicación periodística reveló que durante la pandemia de COVID-19 el Gobierno movió $600 millones al Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (Fopromid), que permiten flexibilidad en su uso.
Durante la cadena nacional, el Presidente, Nayib Bukele, realizó dos juramentaciones. La primera fue a Rubén Alemán, quien es el nuevo presidente de la Administración de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) en sustitución del cuestionado Frederick Benítez.
El nombramiento del nuevo titular de la ANDA, de hecho, tuvo el respaldo del Embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, quien envió un video de apoyo a Alemán -que también fue emitido durante la cadena nacional-. Alemán trabajó por 12 años como experto ambiental en la USAID.
Y, la segunda juramentación, fue a Milena Mayorga, quien fungirá como nueva Embajadora de El Salvador ante los Estados Unidos. Mayorga, junto a otros diputados disidentes de ARENA, ha mostrado afinidad al Gobierno de Bukele desde el inicio de su gestión.
Por: ARPAS.