Según datos de la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN), 1.5 millones de personas en El Salvador ingresarían a las filas de la pobreza extrema, como consecuencia de los impactos de las medidas implementadas debido a la pandemia por COVID-19. De acuerdo el Centro para la Defensa del Consumidor (CDC) esta situación también implica graves dificultades para el acceso de alimentos y, por ende, un alza significativa en los niveles de hambre.
La pandemia por COVID-19 amenaza con dejar en condiciones de pobreza extrema a 83.4 millones de personas en América Latina y el Caribe en este 2020, así lo señala un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Las proyecciones sobre población en condiciones de pobreza para el caso de El Salvador, según datos de la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN), es de 1.5 millones de personas, es decir, uno de cada tres hogares.
Esta situación implicaría un alza significativa en los niveles de hambre debido a las dificultades que existirán para acceder a los alimentos, así lo dijo a la Red Informativa de ARPAS, Danilo Pérez, director del Centro para la Defensa del Consumidor (CDC).
Según Pérez, estas dificultades se suman a la reducción de las remesas familiares, recaudación fiscal y un incremento en la deuda pública.
“Ya sumando el análisis de pobreza, el impacto de pérdidas de empleo, el tema del endeudamiento público, etc. Yo si creo que ya estamos en riesgo de inseguridad alimentaria en el país. La FAO afirma que preocupa esta situación en tres países de la región centroamericana, y uno de estos es El Salvador, porque dentro de su estructura productiva agraria no tiene garantizada la soberanía alimentaria y nutricional”, manifestó.
El director del CDC exhorta a poner la atención en el alza de precios de algunos productos de la canasta básica en la región centroamericana, tomando en cuenta que El Salvador es, junto a Panamá, el país que más depende de las importaciones de alimentos, según el informe de la FAO y la CEPAL.
Según datos recabados por el CDC, solamente en Nicaragua el precio del frijol aumentó un 88.41%, la papa un 38.62% y la cebolla un 71.43%. Mientras que en El Salvador, el frijol presenta un incremento del 45.2%, el tomate un 58.96% y el chile verde un 65.2%.
“Hay que ponerle atención a Nicaragua, ya que es uno de los exportadores fuertes de la región que contribuye al tema de la nutrición y seguridad alimentaria”, dijo el director del CDC, quien advirtió que esta alza de precios en la región ya está impactando a nuestro país.
El CDC advirtió en octubre del año pasado que el costo de la canasta básica es de aproximadamente de $706 dólares, una cantidad que sobrepasa los salarios mínimos vigentes en el país. Con la situación de pandemia de la COVID-19 la situación se agrava, por los altos índices de desempleo y pobreza.
“Por eso me parece que la Asamblea Legislativa, para contribuir con el tema de la calidad de vida en el país debiera garantizar de en los servicios públicos se prorrogue aún más el tema de los pagos, como el caso de la energía eléctrica, el agua, las telecomunicaciones, pero además hay que tomar medidas en temas del endeudamiento para consumo, como el uso de las tarjetas de crédito, me imagino que quienes tienen acceso a ellas se han endeudado en esta situación y en medio de la pandemia, el encierro, más la presión que se ejerce con los bancos, ejercen también una presión de carácter psicológico”, afirmó Pérez.
El director del CDC expresó que se debe considerar el tema económico en las medidas implementadas desde el Estado, sobre todo en aquellas dirigidas al impacto en las familias.
“Las autoridades tienen razón al priorizar en el cuido de la familia para no incrementar los casos, pero vemos que la mayoría de la población vive ‘coyol quebrado, coyol comido’, y en tantos meses de confinamiento, del impacto a la MYPIMES, a la agricultura y otros vemos que la gente nuevamente no tiene alimentos. Así como vimos el inicio de la pandemia, donde mucha gente acaparó alimentos, ahora el problema no es la disponibilidad de alimentos sino del poder adquisitivo para comprarlos”, apuntó.
A esta situación, según Pérez, se suma que el gobierno tiene limitación de recursos y la deuda adquirida, lo cual podría comprometer la respuesta a las demandas de carácter social.
“Ya estamos viendo las intenciones de personas queriendo salir de El Salvador y este tema cada vez más se puede volver fuerte, el querer irse de este país, a pesar de las medidas como catalogarnos ‘país seguro’, la gente ya no está encontrando alternativas porque no las hay”, lamentó.
Por ello, recomienda que los pocos recursos se inviertan en función de los alimentos. Además, plantea considerar otros aspectos como el impacto económico en las familias afectadas con el coronavirus, el gasto en medicamentos y traslados al que tienen que recurrir. “Porque llegan a los hospitales o a las unidades de salud y ver que está desbordado y que no hay medicamentos, entonces la población busca ese medicamento, de hecho ya hay escasez de algunos de éstos en las farmacias”, dijo Pérez.
También hace un llamado al Ejecutivo a establecer un plan de carácter económico. Señaló que esta discusión requiere de una respuesta estatal.
“Si la proyección de la ESEN es que vamos a llegar a 1.5 millones de nuevos pobres, además las tasas de desempleo aumentando e instituciones públicas que no están pagando salario, estamos hablando de una ‘tormenta perfecta’, desgraciadamente negativa para el bolsillo de la población salvadoreña que pone en riesgo la seguridad alimentaria en El Salvador”, concluyó.
Por: ARPAS.