Cada año, las organizaciones de derechos humanos, pro-memoria histórica y de familiares de víctimas solicitan a la Asamblea Legislativa declarar el 30 de agosto como Día Nacional de las Víctimas de Desaparición Forzada.
Las organizaciones se amparan en resoluciones de Naciones Unidas que ya establecieron esta conmemoración a nivel internacional y en el espíritu de la sentencia de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía que manda a legislar en favor de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos cometidos en el contexto de la guerra civil.
Sin embargo, la respuesta del Parlamento, especialmente de los grupos de derecha (oficialistas y opositores), ha sido la indiferencia, desidia, indolencia y -a veces- hasta burla frente a las legítimas demandas de reivindicación, dignificación y reparación moral de las víctimas.
De hecho, los diputados tampoco aprueban la ley de reconciliación nacional que ordenó la Sala Constitucional. Los legisladores sí han intentado promulgar una “nueva ley de amnistía” que no responde al objetivo de conocer la verdad, hacer justicia y dignificar a las víctimas; pero gracias a la protesta de las organizaciones y al reclamo de instancias internacionales esa normativa no se ha concretado.
El Ejecutivo también muestra desinterés e irresponsabilidad con las víctimas. El Presidente Nayib Bukele incumplió su promesa de “abrir los archivos militares de la A a la Z”, lo cual obligó al Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera a decretar una inspección para encontrar información útil en el juicio sobre la Masacre de El Mozote.
El juez Jorge Guzmán determinó que la inspección inicie el 21 de septiembre en los archivos de la Primera Brigada de Infantería, Fuerza Aérea, Brigada de Artillería “Cnel. Óscar Osorio”, Comité de Prensa de la Fuerza Armada, Tercera Brigada de Infantería, Destacamento Militar No.4 y otras instalaciones castrenses.
En la audiencia preparatoria realizada el pasado 28 de agosto, un delegado de Casa Presidencial alegó que los archivos militares no pueden abrirse por “motivos de seguridad nacional”; sin embargo, el juez Guzmán rechazó el espurio argumento del representante presidencial.
En este espacio editorial instamos a la Asamblea Legislativa y al Ejecutivo a actuar en pro de la justicia, porque la vergonzosa impunidad es una pesada carga de la cual el país debe librarse de una vez.
Por: ARPAS.