La Asamblea Legislativa estableció la responsabilidad del Estado en la protección del personal médico, por lo aprobó leyes en las que estipulaba la obligación de dotarles del equipo médico adecuado y de capacitarles en los protocolos de atención a los pacientes para hacer frente a la pandemia.
La Asamblea Legislativa, en el proceso de construcción de un marco legal adecuado para el combate al Covid-19, aprobó también herramientas para favorecer al personal de salud que se encuentra en la primera línea de combate a la enfermedad.
En este contexto, con la misión de asegurar a médicos, enfermeras y paramédicos, así como a sus familiares en caso de fallecimiento, el Pleno aprobó el Decreto Legislativo n° 620, que contiene Disposiciones en beneficio del trabajo de los profesionales de la salud y médicos, en el combate a la pandemia del virus Covid-19.
Este decreto establecía la responsabilidad del Estado en la protección del personal médico, por lo que estipulaba la obligación de dotarles del equipo médico adecuado y de capacitarles en los protocolos de atención a los pacientes para hacer frente a la pandemia.
Sin embargo, la iniciativa fue vetada en primera instancia por la Presidencia de la República, siendo ratificado el decreto por este Órgano de Estado, controversia que fue dirimida por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, instancia que determinó la constitucionalidad de la ley, entrando en vigencia el 23 julio de 2020.
Esto hizo que en el seno de la Comisión de Salud se discutiera y se aprobara un decreto para entregar una compensación económica al personal de salud fallecido antes de la entrada en vigencia del Decreto n° 620. La moción fue conocida por el Pleno y aprobada en septiembre de este año.
En la Ley Especial Transitoria para la Constitución del Fondo de Compensación Económica para Familiares del Personal de Salud se determinó entregar una compensación económica de 30 mil dólares a los familiares del personal médico y trabajadores de la red pública, incluyendo el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), que hubiesen fallecido a consecuencia del COVlD-19 o sus complicaciones, bajo sospechas de coronavirus y de neumonías atípicas, durante el período comprendido entre el 14 de marzo al 23 de julio de este año.
Por: Verdad Digital.