El ecologista presidente del Centro de Tecnología Apropiada Ricardo Navarro recalcó la urgencia de que el país cuente con una ley de aguas para proteger este recurso vital, pero advirtió que no se están recibiendo buenas señales desde el nuevo Gobierno, también agregó que nadie está tomando el problema de medioambiente en serio. Navarro afirmó que en sus primeros siete meses, el gobierno de Nayib Bukele ha liberado decenas de permisos de proyectos que estaban parados por incumplimientos de las normas ambientales y por afectar recursos naturales.
“Las señales ya las dieron, solo que al revés (…) el presidente (Bukele) hace algún tiempo atrás -creo que eso como que define para dónde va-, dijo: ‘hay más de 4,500 millones de dólares que han sido entrampados y eso hay que liberarlo’; y dio instrucciones al Ministerio del Medio Ambiente para que liberara eso”, manifestó el presidente del Centro de Tecnología Apropiada (CESTA), en una entrevista televisiva.
“Ya deberíamos de tener una ley de aguas, ya se debería reconocer como un derecho humano”, señaló el ecologista, quien además cree que “en vez de estar pensando en traer nueva tecnología para purificar el agua del lago de Ilopango, hay que cuidar el agua que hay”.
Entre estos proyecto donde se aceleró la tramitología, dijo Navarro, se encuentra la residencial El Ángel, presentado por una urbanizadora muy influyente, lo que implica la construcción de miles de viviendas en zona de gran impacto ambiental.
“A alguien se le ocurre hacer las cosas y no es que las cosas necesariamente sean malas, pero no tienen en cuenta el impacto social ni el impacto ambiental”, afirmó. Para el defensor del medio ambiente, el Gobierno y sus funcionarios “no han dimensionado la gravedad del problema ambiental”, pero deben “poner las barbas en remojo”, afirmó, tras tomar como ejemplo los incendios en Australia.
El vicepresidente de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental(AIDIS), Guillermo Umaña dijo que en décadas pasadas se gastaron miles de dólares en estudios de zonificación de suelo y no se ha ejecutado de forma efectiva.
Agregó que la última palabra la tienen las urbanizadoras y no el Estado. “¿Quién decide hacia dónde van las urbanizaciones o el desarrollo urbanístico? La empresa privada, los urbanizadores dicen: aquí voy a hacer la urbanización”, manifestó Umaña.
Criticó que hace cuatro años se aprobó la Ley de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, pero nunca se ha puesto en marcha, porque siempre tienen el problema que se crean y crean organismos, pero no hay nunca fondos para ejecutar lo que está escrito, dijo. “Hay fondos para cualquier otra cosa; para plazas fantasmas y todo esto que se está viendo en la Asamblea, pero para operar este tipo de cosas no hay”, lamentó.
Por: Prensa Izcanal / Co Latino.