El desempeño de Nayib Bukele y su gobierno ya no sólo se caracteriza por actitudes autoritarias, intransparentes y antidemocráticas, como irrespetar la independencia de poderes, violentar el derecho de información, atacar a la prensa y negarse a rendir cuentas; sino también por acciones que constituyen delitos sancionados en el Código Penal y otras leyes: desacato, incumplimiento de deberes, actos arbitrarios, entre otros.
Durante la pandemia el gobierno incumplió resoluciones judiciales y citatorios legislativos; y recientemente hubo dos hechos de extrema gravedad: uno fue la desobediencia de la Policía Nacional Civil (PNC), ante órdenes de la Asamblea y de Fiscalía; y el otro es la no transferencia de fondos para pagar salarios en la Asamblea y el FODES a las alcaldías, por parte del Ministerio de Hacienda.
En el primero, la PNC se negó a llevar por apremio al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, para rendir cuentas sobre el destino de los fondos públicos durante la pandemia ante la comisión legislativa que da seguimiento a la emisión de deuda pública. El director policial Mauricio Arriaza Chicas se tomó atribuciones que no tiene y determinó que la comparecencia del funcionario ante los diputados “no estaba justificada”.
La Policía también incumplió una orden del fiscal general, Raúl Melara, de desalojar a un grupo de manifestantes que bloqueaban la entrada al relleno sanitario de Nejapa y que estaban generando una crisis sanitaria en San Salvador. Esto es incumplimiento de deberes.
Lo anterior es grave, pues la Policía no es un batallón presidencial o un cuerpo de seguridad sometido a los intereses del Ejecutivo, sino que -por ley- coordina, colabora y “recibe órdenes” de otras instancias estatales: Fiscalía, tribunales de justicia, Asamblea Legislativa. Esta desnaturalización de la PNC es otro grave retroceso institucional y democrático en la administración Bukele, además de la instrumentalización política de la Fuerza Armada que hemos señalado en otros editoriales.
Y en el segundo hecho, Hacienda -seguramente por órdenes presidenciales- decidió -en un claro acto de represalia, presión y chantaje- negar recursos presupuestarios al Parlamento y a las municipalidades. La no entrega del FODES a las comunas, posiblemente también responda a un objetivo electoral de debilitar la gestión de alcaldes que buscan la reelección. En todo caso, Zelaya incurre en incumplimiento de deberes y actos arbitrarios.
Los hechos señalados deberían provocar una profunda reflexión ciudadana sobre el grave deterioro de la institucionalidad y el estado de derecho que va consumándose en el país. Como dijimos al inicio, la conducta gubernamental ya no sólo es antidemocrática, sino que ahora comete actos que constituyen delitos.
Por: ARPAS.