En el salón de usos múltiples de la alcaldía municipal de Santiago de María se realizó la reunión solicitada a principios de enero por comerciantes del mercado al alcalde Roberto Edmundo Gonzales, donde participaron representantes de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, y el tema central fue el de los impuestos.
María del Carmen Sánchez, secretaria del sindicato de arrendatarias del mercado municipal de Santiago de María manifiesta:
“Impuestos arbitrarios que el señor alcalde ha comenzado de años ha imponernos y que no van en base a la ordenanza municipal ”.
Este fue el motivo que llevó a los vendedores y vendedoras del mercado de Santiago de María a reunirse con las autoridades municipales y lograr acuerdos que permitan frenar los constantes incrementos de los impuestos.
“Pacifica amigable, sin problemas con nadie, lo que queremos es que se resuelva la situación del sector mercado”, dijo, Armando Amaya, abogado defensor de los comerciantes.
La solicitud para la creación de la mesa de dialogo entre el sector y la municipalidad fue solicitada públicamente el seis de enero para discutir el tema que perjudica a unos 400 arrendatarios del mercado.
Armando Amaya – “No queremos respuestas a títulos personales, queremos que en conjunto, el consejo delibere y saque lo mejor, pero con el consejo municipal; ya el articulo 24 del código municipal en su parte última así lo establece”.
Y aunque al principio hubo inconvenientes estos fueron superados por ambas partes, dando por sentada el desarrollo de la reunión.
Edmundo González, alcalde de Santiago de María – “No estoy cerrado a una mesa de negociación a aclarar conceptos de cobro, pero yo fui enfático con los señores de los derechos humanos, usuarios del mercado unicamente”
Pero para que se lograra esta mesa de diálogo fue necesario la presencia de representantes de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, pues fueron testigos de los acuerdos tomados.
Filomena Aguirre, PDDH – “El motivo por el cual estamos acá, sobre todo, en base al mandato constitucional que nos corresponde de velar por el respeto y la garantía de los derechos humanos y de vigilar la administración pública ante los particulares”.
Los comerciantes exigen a las autoridades conocer la ordenanza que les rige.
María del Carmen, sindicato de vendedoras – “Necesitamos la ordenanza para poderla leer y saber nuestros derechos; primeramente lo que se pide acá es un estudio socioeconómico a nivel nacional luego a nivel municipal, de como están las ventas y dependiendo de esto, llegar a la mesa de diálogo con el consejo municipal”.
Además los arrendatarios pidieron que se realice una segunda medición pues cuando se hizo la primera no fue de la manera correcta.
Después de dos horas de dialogo entre los comerciantes, la municipalidad y la PDDH, se llegaron a algunos acuerdos. Primero, el alcalde junto al concejo plural darán el debido mantenimiento al mercado. Y segundo, medir los puestos que tienen asignados los vendedores. Queda pendiente el tema de la energía eléctrica, tema que será tratado en una próxima reunión.
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Por Prensa Izcanal.