A un año de la aprobación de la ley de prohibición de la minería metálica, comunidades, iglesias y organizaciones ambientalistas han expresado su preocupación por que los cambios recientes en la coyuntura política del país podrían generar condiciones para la derogación de dicha ley aseguro Bernardo Belloso presidente de la Asociación para el Desarrollo de El Salvador (CRIPDES).
“Estamos preocupados como pobladores que hemos venido siendo amenazados por la explotación minera antes de la aprobación de la ley, preocupados por los escenarios políticos de la futura conformación de la Asamblea Legislativa donde la mayoría de diputados estará representados por los partidos políticos de derecha, que se han caracterizado en no comprometerse con resolver los problemas ambientales del país, además las empresas mineras están haciendo lobby con estos futuros diputados y con el potencial candidato presidencial del partido de derecha ARENA”, advirtió Belloso.
Las organizaciones ambientalistas y sociales rechazaron la reciente campaña que está siendo divulgada en redes sociales, sobre los supuestos “beneficios” de la denominada “minería verde” y tal como lo denunciaron en su momento, no existen tales bondades de dicha práctica, ya que cualquier modalidad de extracción minera genera serios impactos en la salud de las personas, en el agua y en otros bienes naturales destaco Luis González ambientalista de la Unidad Ecológica Salvadoreña -UNES-.
Además, las organizaciones demandaron al gobierno y a la iglesia católica su inmediata intervención en la defensa de la vida contra la minería metálica manifestó Vidalina Morales representante de la Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta (ADES).
“Llamamos al Estado salvadoreño que tome las medidas necesarias para asegurar que la Ley de Prohibición de la Minería Metálica y su respectivo reglamento para que sean implementados de manera integral para salvaguardar su sostenibilidad, y hacemos un llamado a la Iglesia Católica por medio del Eminentísimo Cardenal Rosa Chávez y el Excelentísimo señor Arzobispo Escobar Alas a mantener una posición firme en la defensa de los bienes naturales en concordancia con lo solicitado por el Papa Francisco en su Encíclica Laudato Sí”, agrego Morales.
También demandaron que la prohibición de la minería sea elevada a rango constitucional para garantizar la sustentabilidad ambiental de este país manifestó Raúl Durán presidente de la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS).
“La prohibición de la minería metálica es una reivindicación conquistada por la lucha de todo un pueblo que aspira a un medio ambiente sustentable para las generaciones futuras, victoria popular que debe ser respetado”, declaró Durán.
En toda la región centroamericana, la minería ha demostrado ser una industria agresiva que no proporciona crecimiento económico, salud y sostenibilidad ambiental para las poblaciones locales; por el contrario, la industria minera es conocida por su destrucción
ambiental, por crear condiciones para la violación de derechos humanos y por fomentar la corrupción en gobiernos locales y por agudizar la pobreza asegura la Alianza Centroamericana frente a la Minería -ACAFREMIN-.
La ley fue aclamada internacionalmente como una victoria para ambientalistas en todo el mundo y para el movimiento de comunidades salvadoreñas, organizaciones sociales, ONGs, iglesias y organizaciones internacionales que incidieron ante el gobierno por más de 12 años para aprobar la prohibición, así como ante empresas mineras multinacionales para hacer respetar la voluntad del pueblo salvadoreño expresaron las organizaciones denunciantes.
Por Alfredo Carías.
