La criminalización de ocho defensores del derecho humano al agua ha incluido capturas, encarcelamiento y la amenaza de pasar entre cinco u ocho años en prisión, luego de enfrentar a las autoridades municipales para no dejarse arrebatar el sistema de agua comunitario.
Son trece años en resistencia contra el Gobierno, explicó Díaz, al agregar que cuando decidieron conformar una junta directiva para la administración de pagos y gastos, para mantenimiento de la red, cambió cuando los integrantes comenzaron a negar la fiscalización del dinero por el cobro del servicio, que se agravó cuando incluyeron al exalcalde Joel Ramírez (ARENA) como socio del sistema del agua.
“En el 2005 nos dijeron que nos iban a poner contadores y racionar el agua y multas si agarrábamos más de tres barriles, claro nos opusimos y exigimos una asamblea general, que es la máxima autoridad, y destituimos a la junta directiva. Esta decisión no fue respetada y decidimos preparamos en comités de defensa, y la respuesta de esa junta ilegal que tenía como socio al exalcalde, comenzó a manipular a la junta directiva, las autoridades, y así apropiarse de nuestro sistema de agua”, manifestó Díaz.
El forcejeo jurídico entre la ADESCOBD y el gobierno municipal por el sistema de agua se intensificó cuando el exalcalde Joel Ramírez, acusó a estos ocho defensores del agua de usurpación de inmueble, hurto de fluidos y hurto agravado.
Joel Ramírez, exalcalde de Tacuba durante cinco períodos consecutivos fue capturado en 2018, por los delitos de portación y conducción irresponsable de armas de fuego, además suma una denuncia presentada por ADESCOBD, por el patrimonio comunitario, caso del que no han obtenido respuesta a la fecha.
Este “acoso legal” durante estos últimos trece años han generado zozobra entre las comunidades, no obstante, estos ocho defensores han podido desvirtuar los dos primeros cargos que pesaban en su contra, al obtener sentencias a favor, como la denuncia del 3 de septiembre de 2007, presentada por el mismo exalcalde ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que resolvió a favor de ADESCOBD, el 12 de septiembre de 2012, al declararse ilegal que el edil no inscribiera a la junta directiva electa por la asamblea general.
No obstante, el exalcalde Ramírez no acató la sentencia y en respuesta formó una junta directiva paralela, que manipuló. Así como, no reconoció las medidas cautelares que dictó el Procurador de Defensa de Derechos Humanos (David Morales), entre otros desacatos.
“El exalcalde (Ramírez) siempre desobedeció las sentencias a nuestro favor, luego de ciertas acciones como la junta directiva paralela, la apropiación indebida del sistema de agua de las comunidades y la ilegalidad de una supuesta donación del patrimonio de la comunidad a la municipalidad de Tacuba, que se acreditó con la junta directiva paralela ilegal. Está también la investigación pendiente sobre la malversación de fondos de la junta directiva, por once años”, agregó.
Por: Prensa Izcanal / Co Latino.