Comunidades del departamento de Cabañas y organizaciones conmemoran hoy 10 años del asesinato del ambientalista, defensor de los ríos y bosques, Marcelo Rivera, uno de los lideres de la lucha contra le minería metálica en ese territorio y en el país.
Con ofrendas florales donde reposan sus restos, en el cementerio de San Isidro, honraron la memoria y lucha de Marcelo.
Marcelo Rivera es uno de los ambientalistas asesinados por su lucha contra la minería metálica, sostienen las organizaciones y comunidades.
Vidalina Morales, de la Asociación de Desarrollo Económico Social (ADES) Santa Marta, consideró que la lucha de Marcelo debe recordar al país las graves consecuencias de los proyectos mineros y llamó a las comunidades a no permitir el retorno de esta industria.
“Con estas actividades también (queremos) mandar un mensaje claro tanto a los diputados como al gobierno de que nuestro territorio no está en venta y no queremos una sorpresa de una reversión de la ley contra la minería”, afirmó Morales.
Exigen justicia
A 10 años del asesinato de Marcelo Rivera, las comunidades exigieron justicia. Recordaron que el caso fue judicializado, pero solo se procesó a los autores materiales.
“La exigencia desde el movimiento social era que se investigara a autores intelectuales. En su debido momento pedimos a la Fiscalía abrir una línea de investigación contra Rodrigo Chávez Palacios”, dijo Vidalina Morales. Palacios tenía vínculo con la empresa minera Pacif Rim y posteriormente fue condenado al comprobarse que había desmembrado a una persona.
Ramiro Rivera y Dora Sorto, quien estaba en estado de embarazo, son otras de las víctimas en el marco de la lucha contra la minería metálica entre 2008 y 2009. Además integrantes de Radio Victoria, que jugaron un rol de denuncia de los impactos de la industria minera, recibieron amenazas de muerte.
Tanto la Fiscalía General de la República como la Policía Nacional Civil sostuvieron en ese momento que no tenían evidencia de la vinculación de la empresa minera Pacific Rim con los crímenes y las amenazas. Las organizaciones y comunidades siempre cuestionaron ese argumento.
Por: Prensa Izcanal / ARPAS.
