Estados Unidos no tiene autoridad política ni moral para juzgar a Cuba sobre la trata de personas, denuncia el Gobierno de la isla.
El Departamento de Estado estadounidense incluyó el 20 de junio a Cuba en la lista negra de trata de personas por “no cumplir completamente con los estándares mínimos” ni hacer lo suficiente para combatir el tráfico de personas.
El organismo del país norteamericano, en su informe sobre la Trata de Personas 2019, arremete contra la participación de Cuba en la cooperación Sur-Sur, en el marco de la cual envía médicos a países en desarrollo con el fin de ofrecer servicios de salud. La isla caribeña mantiene actualmente grupos de colaboradores médicos en más de 60 países.
Utilizando el hashtag #SomosCuba, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, criticó el domingo esa “sucia maniobra” de Estados Unidos, acusándolo de recurrir a “la mentira y la calumnia” para difamar a otros países.
EE.UU. considera que el programa cubano de colaboración de salud con otros países es una forma de “esclavitud moderna’” y de “trata de personas”. Cuba asegura que, con estas acusaciones, Washington estaría retomando sus planes para el “robo de cerebros”.
“EE.UU. no tiene autoridad ni moral para juzgar el desempeño de Cuba contra la trata de personas”, escribió en su cuenta en Twitter.
Díaz-Canel subrayó en otro tuit la política de “Tolerancia Cero” de La Habana con cualquier modalidad de trata de personas; y volvió a destacar la hostilidad de Washington hacia el pueblo y el Gobierno cubanos, ya que la nueva decisión anticubana de Washington podría conllevar sanciones económicas contra la isla.
Desde 1960, los diversos Gobiernos de EE.UU. han impuesto múltiples bloqueos, sanciones y embargos a Cuba, impidiendo que desarrolle al máximo su potencial social y económico. La aplicación de la Ley de Helms-Burton, aprobada en 1996 por el entonces presidente estadounidense, Bill Clinton, que codificó el bloqueo económico, comercial y financiero para promover un cambio de sistema político en Cuba, es un buen ejemplo.
Sin embargo, las medidas coercitivas contra la mayor de las Antillas se han intensificado desde la llegada a la Casa Blanca del presidente norteamericano, Donald Trump.
Por / Hispantv.