Como una conspiración del sistema judicial para dejar en la impunidad casos de corrupción es considerada la decisión de la Cámara Segunda Penal que hace unos días liberó a familiares del fallecido expresidente Francisco Flores de pagar al Estado 15 millones de dólares provenientes, según investigaciones, de fondos públicos.
La Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia (ASGOJU) condenó esta decisión y considera, además, que la Fiscalía también jugó un rol importante en obstaculizar la aplicación de justicia en este caso. Así lo dijo Leonel Herrera.
Según la ASGOJU “la condena civil contra los parientes de Flores era la última oportunidad para hacer algo de justicia en este caso y que el Estado pudiera recuperar un poco del dinero robado”.
Las y los representantes de este espacio organizativo afirmaron que este caso se suma a otros que el Fiscal Douglas Meléndez “se niega a investigar”
Suman al listado el más reciente caso que involucró al partido ARENA: el del expresidente Antonio Saca, condenado por apropiarse de fondos públicos.
Esta investigación reveló que el partido ARENA recibió $7.6 millones. Sin embargo, esto tampoco fue considerado por la Fiscalía como insumo para investigar al partido tricolor, señala ASGOJU.
Ante esto, exigieron que la Asamblea Legislativa no reelija al actual Fiscal Douglas Meléndez, quien ha mostrado su interés de continuar en el cargo. Margarita Posada, explicó que es cuestionable el papel que el funcionario ha jugado en casos de corrupción, principalmente los que involucran al partido ARENA
Además, la ASGOJU exige que la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia investigue a los jueces que se prestan para dejar casos en la impunidad. Esto último, afirman, puede hacerse incluso sin magistrados de la Sala de lo Constitucional.
El proceso judicial que enfrentó el expresidente de la República, Francisco Flores, inició tras una denuncia del también expresidente Mauricio Funes, quien señaló que un informe de Operaciones Sospechosas advertía que fondos de la cooperación taiwanesa habían sido usados de forma “sospechosa”.
El proceso judicial llegó a la etapa de instrucción en la que se comprobó el cometimiento de varios delitos, entre ellos enriquecimiento ilícito por parte del exmandatario. Sin embargo, el proceso penal se cerró tras la muerte de Flores en enero de 2016.
Por / ARPAS.