Aunque gobierno mantuvo discusiones con la ANEP, la postura oficial siempre fue la de mantener el principio que dicta que la gestión, la administración y las decisiones sobre el agua deben ser tomadas por el Estado.
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) afirmó que durante las reuniones sostenidas con la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), nunca se acordó que la administración y las decisiones respecto al agua estarían en manos privadas, de hecho, nunca se ha abandonado el principio que dicta que la gestión, la administración y las decisiones sobre el agua deben ser tomadas por el Estado.
Entre los años 2014 y 2015 se desarrolló un diálogo con la ANEP para discutir esa ley, pero este documento no se presentó a la Asamblea Legislativa y fue hasta 2017 que la corporación empresarial llevó a ese órgano de Estado una iniciativa con el nombre de “Ley Integral de Agua”.
La ministra de Medioambiente, Lina Polh, calcula que el 85% de la propuesta de normativa presentada por el sector privado es similar a lo discutido y debatido con la ANEP, pero el problema es el 15% restante donde se encuentra lo del ente rector o administrador, la conformación de la directiva, el tribunal sancionador, el establecimiento de tarifas, entre otros.
Entre los años 2006 y 2017 llegaron cinco propuestas para legislar sobre el agua, entre ellas, la del Ministerio de Medio Ambiente, la de las organizaciones sociales, la iniciativa de la Iglesia Católica, así como la de la ANEP y la de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
En la ley propuesta por la ANEP, la autoridad hídrica la mayoría de la representación está en manos privadas con dos representantes del referido gremial empresarial y dos de la Corporación de Municipalidades de El Salvador (COMURES) y uno del Estado. En todas partes del mundo las decisiones en materia del agua están en el ámbito público.
Otra de las diferencias entre los principales cuerpos de ley es que el presentado por la derecha política, elimina el tribunal sancionador y la fórmula para calcular las tasas a vertidos de aguas residuales industriales.
De ahí que la polémica generada en las últimas semanas sobre una posible privatización del recurso hídrico es debido a que no hay acuerdos sobre la autoridad que administrará el agua, pero dada la conformación de la nueva Asamblea Legislativa donde la mayoría partidaria es de derecha, hay una fuerte sospecha de que se apruebe una ley privatizadora.
Por / Transparencia Activa.