Por: César Villalona
21 de septiembre de 2026
El FMI es un organismo de las Naciones Unidas que dispone de mucho dinero proveniente del aporte que hacen los Estados. Fue creado en 1945 para representar los intereses de las empresas financieras internacionales y tiene como objetivo garantizar que los Gobiernos paguen su deuda.
Cuando el FMI ve que un Gobierno tiene graves problemas financieros y debe mucho dinero, le obliga a tomar medidas de recorte de gastos y de aumento de impuestos, para garantizar que pague lo que debe. Y hasta le presta dinero para sacarlo de algún apuro.
En 2022, el Gobierno salvadoreño comenzó a negociar un préstamo con el FMI pero no llegó a ningún acuerdo. En febrero de 2023, el FMI divulgó un informe sobre El Salvador donde dijo que “la deuda pública (…) se encuentra en una senda insostenible”. Y tenía razón, pues en solo tres años (2019-2022) la deuda había crecido en $7,537 millones (38%), de $19,808 millones a $27,345 millones.
Bukele dejó pasar el año 2023 y las elecciones de 2024 pero a finales de ese año acordó con el FMI un préstamo de $1,370 millones y la aplicación de un programa de medidas de recorte de gasto y aumento de ingresos.
El programa se aplicará durante 40 meses e inició en 2025 con el despedido de miles de empleados y empleadas púbicas y el recorte de los presupuestos de educación, salud, obras públicas y otros ministerios.
En 2025, el FMI le prestó al Gobierno $253 millones y la economía creció impulsada por el sector construcción (24%) y las remesas familiares, que aumentaron en $1,502 millones. Pero cayeron los servicios de enseñanza (-0.3%), agua (-0.7%), salud (-2.5%) y seguridad social (-3.7%). El año cerró con 130,000 personas más en pobreza extrema que las que había en 2019.
A pesar de que en 2025 el Gobierno recortó su presupuesto, la deuda pública cerró en $33,897 millones, un monto mayor en $1,671 millones al de 2024, cuando la deuda estaba en $32,136 millones.
¿Y cómo va 2026? El presupuesto del Gobierno es menor al de 2024 en $1,805 millones; siguen los despidos en el Estado; los servicios públicos empeoran; el sector agropecuario se desplomó; todo ha subido de precio y la deuda ha crecido en $1,063 millones, hasta llegar a $34,960 millones en julio.
Entre diciembre de 2024, cuando se firmó el acuerdo con el FMI, y julio de 2026, la deuda ha crecido en $2,824 millones (9%). O sea, que el programa del Gobierno no ha hecho más que empeorar las cosas: más deuda, más desempleo, deterioro de los servicios públicos, más inflación y más hambre.
El acuerdo con el FMI también obliga al Gobierno a rendir cuentas sobre las enmiendas de los presupuestos de 2023 y 2024, sobre el uso de un fondo de 834 millones durante la pandemia y sobre las empresas proveedoras del Estado. El FMI impuso esos acuerdos porque le preocupa que la corrupción pública dificulte el pago de la deuda. Pero el Gobierno no cumple y no pasa nada.
El FMI también permite que el Gobierno retrase para después de las elecciones de 2027 la reforma de pensiones que debió presentar en febrero de este año, porque como afectará a la población cotizante puede tener costos políticos electorales.
Pero pasadas las elecciones vendrá otro apretón de tuercas: más despidos, recortes presupuestarios, aumento de impuestos, reforma de pensiones y otras medidas negativas para los sectores populares y las capas medias. Y todo para que el Gobierno no deje de pagar su deuda y se siga endeudando.