Cada 30 de agosto, Día Internacional de las Personas Detenidas Desaparecidas, deberíamos recordar que detrás de cada desaparición hay una vida interrumpida y una familia condenada a una espera que puede durar décadas.
Por Óscar Pérez
30/08/2026
Hay preguntas que el tiempo no consigue borrar. En El Salvador, una de ellas sigue resonando en miles de hogares: ¿dónde está?
Cada 30 de agosto, Día Internacional de las Personas Detenidas Desaparecidas, deberíamos recordar que detrás de cada desaparición hay una vida interrumpida y una familia condenada a una espera que puede durar décadas.
Las personas desaparecidas durante el conflicto armado salvadoreño siguen siendo una deuda pendiente. Durante años, madres, padres, hijos y hermanos han buscado respuestas que el Estado les negó o les entregó a cuentagotas.
Organizaciones y comités de víctimas, muchas veces integrados por mujeres que envejecieron buscando a sus seres queridos, han sostenido una lucha que debió ser asumida desde el principio por las instituciones públicas.
Pero hay algo todavía más doloroso: la historia de la desaparición no terminó con la guerra.
El Salvador ha continuado registrando personas desaparecidas en tiempos de paz. Frente a esta realidad surgió el Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas, integrado por familiares que decidieron organizarse ante la necesidad de encontrar por sus propios medios a quienes el Estado no lograba localizar. Su existencia dice mucho de nuestra realidad: quienes deberían estar recibiendo respuestas terminaron convirtiéndose en investigadoras, rastreadores y defensoras de sus propios casos.
Y eso no debería ocurrir.
La búsqueda de una persona desaparecida no es un acto de buena voluntad. Es una obligación del Estado y un derecho de las víctimas y sus familias. La participación de los familiares es fundamental, pero no puede convertirse en una excusa para trasladarles responsabilidades que corresponden a las instituciones del Estado salvadoreño. Así lo han señalado organismos internacionales.
Por eso resulta tan preocupante la falta de voluntad política para enfrentar el problema de manera integral. No basta con conmemorar el 30 de agosto, colocar una ofrenda o pronunciar un discurso sobre las víctimas. Se necesitan investigaciones independientes y eficaces, acceso a archivos, información transparente, registros confiables, bancos de ADN, identificación de restos, búsqueda en cementerios clandestinos y una política nacional que coloque a las familias y a las víctimas en el centro.
La verdad también tiene nombres y apellidos.
Cada persona desaparecida tiene una historia. Alguien que esperaba su regreso. Una cama que quedó tendida. Una fotografía guardada. Una madre que siguió preguntando. Un hijo que creció sin saber qué ocurrió con su padre o su madre.
Para quienes buscan, no existe el pasado. La desaparición ocurre todos los días que alguien sigue sin saber dónde y cómo está su ser querido.
Los comités de víctimas del conflicto armado, como la Asociación Comité de Madres y Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Asesinados Políticos de El Salvador “Monseñor Óscar Arnulfo Romero” (COMADRES) y el Comité de Familiares de Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos “Marianella García Villas” (CODEFAM) y el Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas de hoy han demostrado una enorme capacidad de resistencia. Han hecho durante décadas lo que las instituciones no siempre quisieron o pudieron hacer: mantener viva la memoria, buscar, documentar, preguntar y exigir.
Este 30 de agosto no debería ser solamente una fecha para recordar a las personas ausentes. Debería ser un día para preguntarnos qué clase de Estado permite que una familia pase años buscando sola a sus seres queridos.
Porque la democracia no se mide únicamente por las elecciones ni por las estadísticas de seguridad. También se mide por la capacidad del Estado de buscar a quienes faltan, escuchar a quienes esperan, restituir los derechos de las víctimas y reparar, hasta donde sea posible, las violaciones cometidas, respondiendo a quienes tienen derecho a saber.
Mientras una madre o un padre siga preguntando “¿dónde está?”, mientras un hijo o una hija siga esperando una respuesta y mientras una familia tenga que buscar por su cuenta, la herida seguirá abierta.
El Salvador no puede cerrar su historia de desaparecidos mientras sus familias sigan viviendo sin verdad, sin justicia y sin respuestas.
*Oscar Pérez, periodista y comunicador social salvadoreño.