Durante años, mi nombre ocupó titulares, portadas de periódicos y revistas en El Salvador. Fui presentada ante la opinión pública como símbolo de la corrupción, incluso antes de que la justicia pudiera concluir su trabajo.
Hoy, después de años de persecución político-judicial, la justicia salvadoreña confirmó de manera definitiva mi absolución.
Sin embargo, la noticia de mi inocencia prácticamente no encontró espacio.
Durante cuatro años permanecí bajo arresto domiciliar. Mi libertad fue restringida, mi vida pública quedó profundamente afectada y mi familia sufrió las consecuencias de una condena anticipada. Mi hijo aún era menor de edad y también cargó con el peso de un proceso que marcó nuestras vidas.
Como si todo esto no fuera suficiente, parte de ese período coincidió con mi tratamiento contra el cáncer. Enfrentar una enfermedad grave ya representa, por sí sola, una enorme batalla. Vivir ese proceso con la libertad restringida, dependiendo de autorizaciones para continuar mi tratamiento y enfrentando las limitaciones propias del arresto domiciliar, hizo que ese momento fuera aún más difícil para mí y para mi familia.
Ninguna decisión judicial devuelve esos años. No recupera el tiempo perdido, no borra el sufrimiento vivido ni repara plenamente los daños provocados por una condena pública anticipada.
Dediqué más de cuarenta años de mi vida a la defensa de la democracia, los derechos humanos y, especialmente, de los derechos de las mujeres. Tuve el honor de concebir y coordinar la creación de Ciudad Mujer, una política pública reconocida internacionalmente que inspiró iniciativas similares en otros países, entre ellas la Casa da Mulher Brasileira.
Nunca imaginé que toda esa trayectoria pudiera quedar reducida, durante años, a acusaciones que hoy la propia justicia ha declarado improcedentes.
Lo que está en discusión no es únicamente mi historia.
Está en discusión un principio esencial de toda democracia: toda persona tiene derecho no solo al debido proceso, sino también a que la verdad reciba la misma visibilidad que tuvieron las acusaciones.
Cuando alguien es acusado, la noticia recorre el país en cuestión de horas. Cuando esa misma persona es absuelta, casi siempre la verdad llega tarde y en silencio.
Ese desequilibrio debe llevarnos a reflexionar sobre la responsabilidad que todos tenemos en la defensa de las instituciones democráticas y del Estado de Derecho. La democracia exige combatir la corrupción con firmeza. Pero exige, con la misma firmeza, respeto al debido proceso, a la presunción de inocencia y a la dignidad de las personas.
Mi absolución no borra lo que viví. Pero reafirma un principio que considero fundamental: la verdad también debe ocupar el espacio público.
Escribo estas palabras porque creo que ninguna sociedad puede considerar normal que una acusación destruya una reputación en pocos días y que, años después, una absolución sea recibida casi en silencio.
Creo profundamente que combatir la corrupción es una obligación de todo Estado democrático. Pero creo, con la misma convicción, que ninguna democracia estará plenamente fortalecida mientras las acusaciones ocupen todos los titulares y las absoluciones apenas encuentren espacio.
Porque la verdad no pertenece únicamente a quien fue injustamente acusado.
La verdad es un patrimonio de la democracia y un derecho de toda la sociedad.
Vanda Pignato
Abogada, Consultora en políticas públicas gobierno y género, ex ministra de inclusión social y ex primera dama.
Fuente: La RR