Por: César Villalona
13 de febrero de 2026
Pasó la fecha acordada con el FMI y el Gobierno salvadoreño no presentó la reforma al sistema de pensiones. No sabemos qué sucede, pero hemos visto que algunos profesionales al servicio del régimen sugieren aumentan la edad de jubilación. ¿De qué serviría eso? Da nada. Veamos:
El sistema de pensiones tiene tres problemas:
1. La baja cobertura: 27% de la PEA y se jubilará el 16%. O sea, que 84 de cada 100 personas no tendrán pensiones.
2. Las bajas pensiones: casi el 60% de las pensiones de vejez están en la mínima, que según el artículo 104 de la “Ley Integral del Sistema de Pensiones” es de $304. Y de las que superan la mínima, la mayoría no pasa de $400, o sea, están lejos del costo de la vida urbano, que es de $504.
3. La insostenibilidad financiera, que se expresa en que el 70% del fondo que administran las AFP está en papeles de deuda del Estado, que debe $11,241 millones y no paga nada desde 2023. El estudio actuarial que publicó recientemente la Superintendencia del Sistema Financiero dice que la cuenta individual se está acabando y la cuenta de garantía solidaria terminará en 2029.
Pues bien, si esos son los tres problemas, ¿se resuelve algunos de ellos alargando la edad de jubilación de hombres y mujeres? No.
La ampliación de la cobertura depende de la creación de empleo llamado formal y del apoyo que le proporcione el Estado a quienes laboran por cuenta propia o en negocios no registrados legalmente, para que solo coticen de sus ingresos y el Estado ponga la aportación patronal o una parte de ella. O sea, depende de un cambio en el sistema económico y de un fuerte aumento de los ingresos públicos, no de la edad de jubilación de quienes cotizan.
El aumento de la pensión depende de la mejoría de los salarios, de la eliminación de las AFP y la creación de un sistema público sin fines de lucro, del cambio de la forma de cálculo de las pensiones, de la rentabilidad de los fondos y de que el Estado pague los $11,241 millones que debe y no tome más dinero del fondo de pensiones. Nada de eso tiene que ver con la edad de jubilación.
La sostenibilidad financiera del sistema depende del aumento del empleo formal y de todos los aspectos señalados en el punto anterior. Aumentar la edad de jubilación no le da sustento financiero al sistema de pensiones. Un cálculo simple lo demuestra.
Supongamos que cada año se jubilen 10,000 personas (un dato exagerado) y que cada persona reciba una pensión de $500 dólares (otro dato exagerado), el monto total de las pensiones sería de $60 millones, una cifra que apenas representa el 0.4% del fondo que administran las AFP, el cual ronda los $16,000 millones. Además, ese monto se reduce por la comisión que cobran las AFP.
El Estado agarra todos los meses un promedio de $47 millones del fondo que administran las AFP. O sea, que el ahorro generado por subir la edad de jubilación se lo traga el Estado en un mes y unos días.
Hay gente dedicada a meter ruido con el tema de la edad de jubilación, para tratar de ocultar el tema de fondo, que tiene que ver con la existencia de un sistema de pensiones que le proporciona enormes ganancias a las AFP, la irresponsabilidad del Estado, que no le abona a su deuda, un sistema económico que no genera empleo formal, los bajos salarios y un sistema tributario regresivo que termina afectando al fondo de pensiones.
El Estado necesita mucho dinero para pagar lo que debe y cumplir sus compromisos previsionales: pago de pensiones a 80,000 jubilados y jubiladas del antiguo sistema público, complemento de la pensión mínima y complemento a los optados, o sea, a quienes se pasaron “voluntariamente” a las AFP.
No hay salida a los tres problemas si no se cambia la estructura económica (producción, empleo, salarios y otras variables) y si no se impulsa una reforma fiscal progresiva, que dote al Estado de más ingresos cangando a los más ricos, que elimine los gastos superfluos y que frene la corrupción pública y privada.
El propio estudio actuarial lo plantea cuando dice que “será necesario buscar modificaciones en el sistema y/o fuentes de financiamientos adicionales para cumplir con los compromisos futuros del régimen de pensiones”.
Quienes tienen el poder no pueden alegar problemas de gobernabilidad, pues controlan todo el Estado, a no ser que gobernabilidad signifique no afectar sus propios intereses económicos.