La intervención policial contra comunidades que se oponen a relleno sanitario en San Francisco Angulo, San Vicente.
La intervención silenciosa.
El 22 de diciembre de 2025, mientras decenas de pobladores de San Francisco Angulo se concentraban pacíficamente en Tecoluca para protestar contra la construcción de un relleno sanitario de 24 manzanas de bosque natural, la Policía Nacional Civil instaló un retén de control en la entrada de la comunidad. No fue una represión violenta ni desalojos forzosos como los documentados en La Libertad meses atrás —aquella vez con Policía Militar—, sino algo más sutil: vigilancia, control de movimientos, interrogatorios a conductores. La estrategia policial esta vez fue el asedio psicológico.
«Previo a la concentración, un retén policial fue instalado en la entrada de la comunidad, y los agentes hacían preguntas a los conductores que se dirigían a la protesta», detallan fuentes de prensa. Un policía justificó públicamente que la medida buscaba «el orden», ante el temor de que manifestantes bloquearan la carretera que conecta Zacatecoluca con San Vicente. La justificación oficial, aparentemente racional, encubre un hecho incontestable: el Estado policial monitoreó quiénes ingresaban a una protesta ambiental legítima.
El mensaje de la represión: quiénes pueden protestar.
Esta intervención de la PNC revela un patrón de represión estatal contra la defensa ambiental en El Salvador. Los activistas y organizaciones sociales presentes reportaron que la vigilancia causó «incomodidad y temor» entre asistentes. Ello no es casualidad: el efecto disuasorio de la vigilancia policial es conocido. Cuando personas saben que serán registradas ingresando a una protesta, muchas desisten. Los números cuentan una historia: mientras centenares de manifestantes acudieron a protestar, la presencia de la PNC fragmentó la convocatoria mediante el miedo.
Lo más preocupante fue lo que la policía no investigó.
Mientras detenían conductores en retenes, la empresa privada mexicana CYEEMSAL —ejecutora del proyecto— continuaba preparando terracería. Mientras interrogaban sobre destinos de vehículos, nadie indagaba: ¿dónde están los permisos ambientales válidos? ¿Qué empresa privada —ajena a El Salvador— puede disponer de 24 manzanas de territorio comunitario? ¿Quién autorizó la tala de árboles centenarios protegidos por la ley ambiental?
René Alfaro Gómez, habitante de San Francisco Angulo, ya había corroborado estos vacíos: «Desconocemos si se cuenta con los permisos ambientales y de las alcaldías para dicha construcción, a la vez que denuncia la tala indiscriminada de árboles». Aún así, la PNC priorizó vigilar a los defensores comunitarios, no a quienes vulneraban el territorio.
El contexto: un patrón de represión selectiva.
La intervención de Tecoluca no es un hecho aislado. Integrado al análisis de represión estatal en El Salvador, expone una arquitectura de control dirigida contra organizaciones ambientales y defensores de derechos. En mayo de 2025, cuando familias de la Cooperativa El Bosque (Santa Tecla, La Libertad) protestaron pacíficamente por desalojos forzados, el gobierno desplegó Policía Militar —un cuerpo sin facultades legales para orden público— junto a la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO). Amnistía Internacional lo denunció como «la primera vez en 30 años» que se usaba a Policía Militar contra manifestantes civiles. Esos días, capturaron al abogado ambiental Alejandro Henríquez mientras brindaba asesoría jurídica en las oficinas del Foro del Agua. Fue capturado en un vehículo sin placas, acusado de «desórdenes públicos» —un delito vago que criminaliza activismo legal.
En Tecoluca, el patrón se repite con menor exposición mediática: vigilancia a defensores, silencio ante vulneraciones corporativas, ningún oficial de la PNC investigando anomalías administrativas del proyecto.
Las anomalías que la policía ignora.
Los registros periódicos de La Prensa Gráfica confirman que la construcción del relleno «Tecoluca» procede sin consenso comunitario ni transparencia institucional:
| Aspecto | Estado | Responsable |
| Permisos ambientales válidos | Dudosos / No verificados | MARN, ANDRES |
| Consulta previa comunitaria | No realizada documentadamente | Asociación Los Nonualcos |
| Autorización alcaldía local | Negada por comunidad; sin pronunciamiento oficial | Alcaldía San Vicente Sur |
| Evaluación FGR de anomalías | Denuncias interpuestas 16 dic 2025; sin respuesta | Fiscalía General |
| Impacto ambiental: río Salamar | Amenaza de contaminación; riego para 260+ familias | Empresa CYEEMSAL |
La PDDH (Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos) documentó en 2018 que el relleno afectaría directamente a 80 familias, contaminaría una quebrada que alimenta el río Salamar (fuente vital de agua), y destruiría 24 manzanas de bosque natural con flora y fauna irreemplazable.
Seis años después, sin respuestas a esas advertencias, la Policía aparece: no para frenar impacto ambiental, sino para monitorear a quienes lo denuncian.
El silencio como represión.
Las autoridades institucionales permanecen mudas. La Alcaldía de San Vicente Sur (donde se ubica Tecoluca) «seguía sin pronunciarse sobre el rechazo de la comunidad a la obra». La Asociación de Municipios Los Nonualcos respondió «que no había voceros disponibles». ANDRES y la empresa CYEEMSAL directamente no contestaron llamadas a medios.
Este silencio es deliberado. En contextos de protesta, la ausencia de respuesta estatal es una forma de represión: niega la legitimidad de las demandas, invisibiliza a los afectados, y perpetúa el avance del proyecto sin diálogo. Mientras instituciones guardan silencio, la policía vigila. La Fiscalía General de la República recibió denuncia formal el 16 de diciembre de 2025 interpuesta por habitantes de San Francisco Angulo, Cantarrana y Colonia El Milagro, solicitando investigación por violación del derecho a gozar de ambiente sano, omisión de garantías de debido proceso ambiental, y tala indiscriminada. Hasta el cierre de reportes, la FGR no había respondido.
Criminalizando la defensa ambiental.
Este silencio es deliberado. En contextos de protesta, la ausencia de respuesta estatal es una forma de represión: niega la legitimidad de las demandas, invisibiliza a los afectados, y perpetúa el avance del proyecto sin diálogo. Mientras instituciones guardan silencio, la policía vigila. La Fiscalía General de la República recibió denuncia formal el 16 de diciembre de 2025 interpuesta por habitantes de San Francisco Angulo, Cantarrana y Colonia El Milagro, solicitando investigación por violación del derecho a gozar de ambiente sano, omisión de garantías de debido proceso ambiental, y tala indiscriminada. Hasta el cierre de reportes, la FGR no había respondido.
En Tecoluca, aunque sin detenciones masivas hasta ahora, la vigilancia policial transmite un mensaje análogo: los defensores comunitarios están bajo sospecha estatal. El retén no fue casual. Fue una demostración de poder: la policía controla quiénes pueden protestar, a quiénes interroga, a quiénes detiene. Los ejecutores del relleno operan sin tal escrutinio.
La voz de las comunidades y el vacío de respuesta.
Ángel Flores, coordinador de MILPA (Movimiento Indígena para la Integración de Luchas de Pueblos Ancestrales), expresó en la protesta del 22 de diciembre: «Estamos exigiendo el retiro inmediato de la maquinaria porque genera zozobra y una amenaza real a nivel ambiental, social y económico para San Francisco Ángulo y las comunidades aledañas».
No fue una demanda radical. Fue un llamado a cumplir la ley ambiental, a respetar el territorio comunitario, a verificar permisos. Sin embargo, la respuesta institucional fue desplegar a la PNC, no a fiscalizar la empresa. César Cañas, concejal del FMLN en San Vicente Sur, respalda la oposición comunitaria, señalando que el territorio posee «bosques vírgenes, árboles centenarios, flora y fauna propia, y numerosos nacimientos de agua». Una autoridad electa reconoce la validez de la protesta; el Estado ignora a su propia autoridad local.
Hacia quién apunta la represión.
La intervención de la PNC en Tecoluca es represión de «baja intensidad» —sin violencia visible, pero efectiva en su objetivo disuasorio. Forma parte de una estrategia más amplia:
- Permitir proyectos de alto impacto ambiental sin consulta legítima (relleno afecta 24 manzanas, 473,498 habitantes).
- Silenciar a gobiernos locales electos (alcaldías sin pronunciamiento, concejos oprimidos).
- Monitorear defensores ambientales mediante presencia policial y vigilancia.
- Criminalizar la abogacía jurídica (el caso de Alejandro Henríquez capturado por asesorar).
Mantener impunidad institucional (FGR sin respuesta a denuncias; MARN sin auditoría pública).
La protesta como delito, la contaminación como derecho.
El retén policial en San Francisco Angulo, Tecoluca, el 22 de diciembre de 2025, fue un acto de represión política encubierta bajo justificación de orden. Mientras la PNC vigilaba a ciudadanos ejerciendo derecho constitucional a protesta, nadie vigilaba a una empresa privada extranjera que tala árboles centenarios, amenaza río vital, y vulnera 260 familias sin permisos comprobados.
La represión funcionó: fragmentó la convocatoria mediante miedo, inhibió participación, envió señal intimidatoria. Ello es represión, aunque no lanzara lacrimógenas.
El Estado salvadoreño ha elegido bando: protege proyectos extractivos sobre derechos ambientales. La policía es su instrumento. Mientras tanto, un relleno sanitario avanza hacia comunidades que clamaron por justicia, sin respuesta institucional que no fuera vigilancia y silencio.
Por: Ulises Soriano.