“Me siento esclavizado”. Así resume su realidad un maestro del este de Usulután que, de lunes a viernes, viaja hasta una pequeña escuela rural donde atiende a cerca de 100 estudiantes. Habla con voz contenida, no por timidez, sino por miedo. “El gobierno sabe dónde estoy, sabe de qué hablo en las clases, con mi mujer, con los amigos. Ya en la casa hablamos suavecito por temor a que nos estén escuchando”, relató a Radio Izcanal.
El temor no es infundado. A inicios de esta semana, el director departamental de Educación, Hugo Cerna, convocó a más de 300 directores del departamento. El mensaje fue claro y amenazante: “Ningún director está autorizado a dar entrevistas a medios de comunicación; el que lo haga será sancionado y luego despedido”. También ordenó que los teléfonos entregados por el Ministerio deben permanecer encendidos en todo momento y que llamadas y mensajes deben ser respondidos sin excepción, bajo amenaza de sanción.
Además, prohibió el ingreso a las escuelas de cualquier persona, partido político u organización social o ONG, advirtiendo despidos inmediatos en caso de incumplimiento.
Hace algunos meses, el maestro recibió uno de esos teléfonos oficiales. Al inicio, pensó que sería un alivio económico. “La sorpresa es que no se le puede instalar casi ningún programa. Intenté quitar la activación de la ubicación y no se puede. Quienes controlan el teléfono —es decir, el gobierno— saben exactamente a qué horas salgo de mi casa, si entro a una tienda, si voy a un restaurante o si salgo del país. Y siempre tengo que andarlo, porque si no, me despiden. Ya hay casos de maestros en Usulután que han sido sancionados”, explicó.
La situación, asegura, ya no se define como miedo. “No es miedo, es terror. No sabemos si vamos a tener trabajo seguro. Nos tienen vigilados. Antes uno ingresaba al magisterio sabiendo que ahí se iba a jubilar; ahora, en cada reunión, hay amenazas”.
El clima de persecución ha dejado huellas profundas. Hace un mes, dos maestros fueron despedidos tras el cierre de sus plazas y amenazados con aplicarles el régimen de excepción. Ambos se quitaron la vida. Uno de ellos fue Orlando Araujo, director del Centro Escolar Saúl Flores, en Jucuapa.
El testimonio de este maestro no es un caso aislado, sino el reflejo de una política que ha convertido las aulas en espacios vigilados y a los educadores en sospechosos permanentes. Silenciar a quienes forman conciencias no fortalece la educación ni la democracia; la debilita. Mientras el miedo sustituya al diálogo y la vigilancia al respeto, enseñar seguirá siendo, para muchos maestros salvadoreños, un acto de resistencia.
Prensa Izcanal.