En una medida que evidencia la grave crisis de libertad de prensa que enfrenta El Salvador, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) anunció hoy su decisión de trasladar su personería jurídica a otro país de la región. La medida responde directamente al «acoso y persecución desde el Estado» que ha provocado el exilio forzado de al menos 43 periodistas en lo que va del año.
La decisión, calificada como «difícil», fue tomada para «continuar su misión de defender los derechos de los periodistas, la libertad de expresión y la libertad de prensa» sin las presiones y limitaciones impuestas por el actual «régimen político», según comunicó la organización.
Este anuncio coincide con la publicación del informe de la APES «La curva del silencio», un documento que detalla la magnitud del éxodo periodístico entre el 1 de enero y el 9 de junio de 2025. El informe subraya que el periodismo salvadoreño vive la peor crisis de las últimas tres décadas, en un contexto no vinculado a golpes militares.
Un éxodo motivado por el miedo.
El informe revela datos alarmantes sobre la situación que obligó a los comunicadores a abandonar el país:
Cifra récord: Se registró la salida forzada de 43 periodistas hasta junio de 2025.
El temor como principal causa: Más del 85% de los casos de exilio tienen como base el temor a una posible orden de captura. Muchos periodistas fueron advertidos por fuentes de que sus nombres figuraban en una supuesta lista de objetivos a ser capturados por el gobierno. Un patrón de acoso: El informe documenta estrategias de intimidación por parte de cuerpos de seguridad, como visitas policiales a residencias de periodistas bajo pretextos falsos, como investigar robos de vehículos o accidentes. Esta fue la misma táctica utilizada para la detención de la abogada y defensora de derechos humanos, Ruth López, en mayo.
Perfil del exiliado: La mayoría de los periodistas que han salido del país son profesionales con más de una década de experiencia que laboraban en medios digitales independientes, conocidos por sus investigaciones sobre corrupción gubernamental y violaciones a los derechos humanos.
Mayo: El mes que desató la huida.
La investigación de la APES conecta directamente la escalada del exilio con una serie de acciones gubernamentales ocurridas en mayo de 2025. Ese mes se caracterizó por el arresto de reconocidos abogados y defensores de derechos humanos como Ruth López y Enrique Anaya, la represión de una manifestación pacífica de cooperativistas y la aprobación de una restrictiva Ley de Agentes Extranjeros, vista como una herramienta para silenciar a la sociedad civil.
El periodista Jorge Beltrán Luna, uno de los testimonios recogidos en el informe, relató haber sido advertido por fuentes gubernamentales de que era «uno de los objetivos a callar». Por su parte, el periodista Gabriel Labrador, de El Faro, abandonó el país tras una serie de incidentes intimidatorios, incluyendo una visita policial a la casa de sus padres tres días después de la captura de Ruth López.
El riesgo de un «apagón informativo».
El éxodo masivo de profesionales con amplia trayectoria y experiencia en periodismo de investigación representa, según la APES, una «pérdida considerable para la construcción de una sociedad más justa y democrática».
La organización advierte que la salida de periodistas críticos e independientes implica un «fuerte riesgo de un apagón informativo», reduciendo el flujo de información y la capacidad de la ciudadanía para fiscalizar al poder. Esta situación, señala el informe, genera también un efecto de autocensura entre los comunicadores que permanecen en el país.
A pesar del traslado de su sede legal, la APES reafirmó su «firme compromiso de seguir defendiendo los derechos de los periodistas en el país, así como de aquellos en situación de exilio». La asociación aseguró que seguirá trabajando con «independencia, valentía y compromiso» para contrarrestar el silenciamiento que se busca imponer en El Salvador.
Por: Ulises Soriano.