El nombramiento de militares en puestos de gobierno, incluido el Ministerio de Educación, no es un fenómeno aislado en la historia salvadoreña. A lo largo del siglo XX, especialmente durante los regímenes militares que se sucedieron desde la década de 1930 hasta la firma de los Acuerdos de Paz en 1992, la Fuerza Armada tuvo un rol predominante no solo en la seguridad y la política, sino también en la administración pública.
Periodo de Regímenes Militares (1931-1979)
Después del derrocamiento del presidente civil Arturo Araujo en 1931 y el ascenso del general Maximiliano Hernández Martínez, se consolidó una larga era de dictaduras militares. Durante este tiempo, la línea entre lo castrense y lo civil se desdibujó. Los militares no solo ocupaban la Presidencia, sino también carteras clave como la de Educación. El propósito de estos nombramientos era multifacético:
- Control social y orden: La educación era vista como una herramienta para inculcar disciplina, respeto a la autoridad y lealtad al Estado. Se priorizaba una formación cívica y patriótica que reforzara los valores del régimen. La disciplina y la jerarquía de la vida militar se intentaban replicar en el sistema escolar.
- Neutralizar la disidencia: Los gobiernos militares a menudo desconfiaban de los educadores y las universidades, a los que consideraban focos de ideas liberales y de izquierda. La presencia de un militar al frente del ministerio permitía un control más estricto sobre los planes de estudio, las instituciones y el personal docente, buscando evitar la propagación de ideas consideradas subversivas.
- Imposición de un proyecto de nación: La educación se instrumentalizaba para promover un modelo de sociedad específico, a menudo con un enfoque en la modernización y el desarrollo, pero siempre bajo la dirección y control del poder militar.
El Ministerio de Educación tuvo numerosos ministros con rangos militares durante este período. Estos nombramientos reflejaban la doctrina de seguridad nacional, donde el desarrollo y la educación eran considerados parte integral de la defensa del Estado contra amenazas internas, en particular el comunismo y los movimientos sociales.
Post-Acuerdos de Paz (1992 en adelante)
Con la firma de los Acuerdos de Paz en 1992, El Salvador inició un proceso de democratización y desmilitarización de la vida pública. Se estableció una clara separación entre la Fuerza Armada y las funciones civiles del Estado. La Constitución y las leyes se reformaron para garantizar que el poder civil prevaleciera sobre el militar.
A partir de este momento, se convirtió en una norma no escrita que los Ministerios civiles (incluido el de Educación, Salud, Relaciones Exteriores, etc.) fueran liderados por civiles con experiencia en sus respectivas áreas. Se asumió que la expertise técnica y académica era fundamental para un gobierno democrático. El Ministerio de Educación, en particular, fue ocupado por educadores, académicos y administradores con una trayectoria en el sector. Este cambio simbolizaba el compromiso con la paz y la democracia, y marcaba un quiebre definitivo con el pasado autoritario.
El reciente nombramiento de una capitana del ejército rompe con este paradigma post-guerra y reabre el debate sobre la militarización de las instituciones civiles. Para muchos, es un retroceso que borra las lecciones aprendidas de la historia reciente, donde la mezcla de poderes civiles y militares condujo a conflictos y autoritarismo. El presidente Bukele, al justificar su decisión como un «rompimiento de paradigmas», se coloca en una posición que algunos interpretan como una reivindicación del rol militar en la administración pública, una visión que contrasta con el modelo de gobernanza que se ha buscado consolidar en las últimas tres décadas.
Por: Ulises Soriano