La nueva arquitectura del control ideológico
El 29 de julio de 2025, mediante una reforma al Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, el presidente Nayib Bukele creó silenciosamente la Secretaría de Valores de la Presidencia, una entidad que se erige como «autoridad en materia de consejería ética, moral o espiritual». Esta nueva estructura, que cuenta con presupuesto propio y personal suficiente , representa un salto cualitativo en el proceso de concentración de poder que caracteriza al gobierno salvadoreño.
La creación de esta secretaría no constituye un hecho aislado, sino la institucionalización de una práctica que el régimen ha venido desarrollando de manera sistemática: el uso instrumental de la religión y los valores morales como mecanismo de legitimación política y control social. Fuentes académicas especializadas han documentado cómo el «bukelismo» utiliza el discurso religioso para justificar políticas autoritarias, transformando conceptos espirituales en herramientas de dominación política.
Precedentes históricos: el control moral como estrategia autoritaria
La historia latinoamericana ofrece múltiples ejemplos del uso del aparato estatal para ejercer control moral sobre la población. Los regímenes autoritarios de las décadas de 1970 y 1980 emplearon sistemáticamente instituciones religiosas y discursos moralizantes para legitimar la represión y debilitar la resistencia social. En países como Chile, Argentina y Uruguay, las dictaduras militares establecieron alianzas estratégicas con sectores religiosos conservadores para consolidar su dominio ideológico.
La literatura académica ha identificado este patrón como característico de los autoritarismos competitivos contemporáneos: «la religión podría usarse como estrategia para exagerar, esconder y concentrar el poder en beneficio propio». Especialistas en el tema señalan que «no es extraño que una de las constantes de los gobiernos populistas latinoamericanos es su conexión con elementos religiosos».
El pastor Edgardo Cardoza: arquitecto del control moral
Un elemento revelador es la designación del pastor Edgardo Cardoza como «Comisionado Nacional de Valores» , un cargo que antecede a la creación formal de la secretaría. Cardoza, quien fue «secretario Nacional de Valores» del partido Nuevas Ideas en 2022 , representa la convergencia entre poder político y religioso que caracteriza al proyecto bukelista.
Durante la administración de Bukele como alcalde de San Salvador, Cardoza dirigió la «Casa de Valores», una oficina municipal creada como «espacio de atención, convivencia y apoyo a las iglesias». Esta experiencia previa revela la continuidad de un proyecto que busca subordinar las instituciones religiosas al poder político, utilizándolas como instrumentos de control social y legitimación ideológica.
El perfil de Cardoza es significativo: periodista de formación que «recibió el llamado de Dios al ministerio pastoral» , representa el modelo del líder religioso-político funcional al régimen. Su designación confirma la estrategia de cooptación de liderazgos religiosos para fortalecer el control ideológico del Estado.
Las doce atribuciones: un manual de ingeniería social
La reforma establece 12 atribuciones específicas para la nueva secretaría , que van desde «promover los más altos estándares de respeto al prójimo, solidaridad, convivencia, tolerancia, honestidad, participación, fe y armonía social» hasta «asistir y colaborar con las distintas religiones, expresiones de fe y filosofías». Esta formulación aparentemente benévola oculta un mecanismo de control que busca determinar qué constituye comportamiento «ético» y «moral» desde el poder estatal.
Especialmente preocupante resulta la atribución de «fortalecer los valores y comportamiento ético de los habitantes de la República sin más límite que el trazado por la moral y el orden público». Esta redacción confiere al Estado la potestad de definir unilateralmente los parámetros morales de la ciudadanía, estableciendo un marco normativo que puede ser interpretado de manera discrecional para silenciar la disidencia.
El contexto del deterioro institucional
La creación de la Secretaría de Valores debe analizarse en el marco del acelerado proceso de erosión democrática que experimenta El Salvador. Organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han documentado «un ambiente hostil para ejercer» labores periodísticas y de defensa de derechos humanos, «con discursos estigmatizantes recurrentes desde las autoridades estatales».
El enfriamiento de las relaciones con la Iglesia Católica es otro indicador significativo. El cardenal Gregorio Rosa Chávez ha advertido que «no ha habido ningún contacto oficial» entre la Iglesia Católica y el gobierno desde 2019 , señalando que «se ha levantado un muro» que ha enfriado las relaciones, «algo que nunca pasó antes». Esta ruptura con la institución religiosa tradicional coincide con la promoción de liderazgos religiosos alineados con el proyecto político oficial.
Los riesgos de la moralización estatal
La experiencia latinoamericana demuestra que cuando el Estado asume la función de regulador moral, los resultados son invariablemente autoritarios. Investigaciones académicas han identificado que «las tendencias autoritarias contemporáneas ponen en peligro la estabilidad democrática de los países donde se presentan» , y que el uso de «discursos religiosos y políticos en los gobiernos autoritarios» constituye una práctica recurrente para legitimizar la represión.
En el caso específico del bukelismo, el análisis académico ha documentado cinco modalidades de uso instrumental de la religión: plantear políticas arbitrarias acompañadas de lenguaje religioso, justificar ataques a oponentes políticos mediante referencias divinas, promover jornadas de oración para legitimar acciones políticas autoritarias, usar la figura divina para construir un liderazgo mesiánico, y establecer una autoridad moral que se sitúa por encima de las instituciones democráticas.
La ingeniería del consenso autoritario
La Secretaría de Valores representa la institucionalización de lo que académicos especializados denominan «economía moral» autoritaria: un sistema de valores impuesto desde el poder estatal que busca generar consenso en torno a prácticas antidemocráticas mediante la invocación de principios morales y religiosos.
Esta nueva estructura no constituye una innovación aislada, sino la culminación lógica de un proceso que comenzó con la cooptación de liderazgos religiosos, continuó con la instrumentalización del discurso espiritual para justificar medidas represivas, y ahora se consolida en una institución formal con presupuesto y atribuciones específicas.
El precedente es alarmante: cuando los Estados asumen la función de definir y vigilar la moralidad ciudadana, el resultado histórico ha sido la erosión de las libertades fundamentales y el establecimiento de sistemas de control social incompatibles con la democracia. En El Salvador, esta dinámica se despliega en un contexto de concentración extrema del poder, ausencia de controles institucionales y criminalización sistemática de la disidencia.
La pregunta que surge no es si esta secretaría promoverá efectivamente «valores» en la sociedad salvadoreña, sino si una democracia puede sobrevivir cuando el Estado se arroga el derecho de determinar qué constituye comportamiento moral y ético para sus ciudadanos. La respuesta, basada en la evidencia histórica regional, sugiere que estamos ante otro paso en la construcción de un sistema autoritario que utiliza el lenguaje de los valores para legitimar la concentración ilimitada del poder.
Editorial Izcanal.