Izcanal ha entrevistado en las últimas semanas a personal de salud, maestros y policías para conocer el ambiente laboral en el que se desempeñan. Todos coinciden en un entorno marcado por el temor, las amenazas y la falta de libertad de expresión.
En este reportaje, conversamos con cuatro agentes de la Policía Nacional Civil, quienes, bajo anonimato, nos relataron su experiencia sobre algunos de los temas que más los afectan.
Rubén: 26 años de servicio y solo dos uniformes
Rubén ha visto pasar gobiernos de todos los colores políticos. En sus 26 años como agente de la Policía Nacional Civil (PNC), ha trabajado con dos gobiernos de ARENA, dos del FMLN y ahora vive el segundo de Nuevas Ideas. Su evaluación es tajante: “Trabajar en la PNC en vez de mejorar va empeorando”.
La frase que resume su experiencia durante los últimos seis años bajo el gobierno de Nayib Bukele es dura: “He recibido solamente dos uniformes”.
Para Rubén, el problema no es solo de vestimenta. Señala que la inversión en seguridad se ha inclinado de forma evidente hacia la Fuerza Armada. “Este gobierno ha priorizado a los militares, no solo en el presupuesto, sino también en el número de efectivos. Ahora tenemos menos policías que el año pasado. Hay puestos con tres agentes, y lo que hacen es mandar soldados”.
La afirmación tiene respaldo en cifras. Según el Proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2025, la PNC contará con 26,032 efectivos, es decir, 4,000 menos que en 2024. En la práctica, esto significa menos cobertura, más jornadas extenuantes y un abandono progresivo de tareas comunitarias.
Rubén también alerta sobre el clima de inseguridad laboral dentro de la institución. “Hoy no hay procedimiento para echarnos. Basta una falta leve para que te expulsen. Todos sabemos que no hay ley que nos proteja, solo la voluntad del jefe superior”.
Sin patrullas no hay patrullaje
En una visita reciente al cantón San Felipe, en Concepción Batres, encontramos a un grupo de soldados pidiendo “ray” a la entrada del caserío. Venían de patrullar sin ningún policía acompañante.
—¿No los acompañó un policía?
—No pueden, se han quedado sin patrulla y no se las arreglan.
Un agente destacado en la zona norte de Usulután nos confirmó lo que ya se sospechaba: la mayoría de puestos están enfrentando una grave crisis logística. “Ahora la situación es difícil con las patrullas. No nos permiten pedir ayuda, ni recibirla. Se llevan los carros al taller por una cosa mínima y pueden pasar hasta tres meses. Aquí entre los compañeros hacemos colectas para repararlas por nuestra cuenta y no quedarnos sin vehículo”.
Esta precariedad impacta directamente en la cobertura policial y en la confianza ciudadana, especialmente en zonas rurales donde los delitos menores y los conflictos comunitarios requieren una presencia constante de las autoridades.
Silencio obligado: la mordaza en la PNC
El miedo a hablar no es exclusivo del magisterio o del personal de salud. También los policías lo sufren.
“Nos tienen amordazados. Como nosotros andamos en la calle, tenemos prohibido dar declaraciones, ni siquiera de un accidente de tránsito”, relata un agente bajo anonimato.
La censura se ha vuelto cotidiana. “Hace poco hubo un incendio en una escuela, y lo primero que hicieron los bomberos fue pedir que decomisaran los teléfonos para borrar los videos. En mi Facebook y el de mi familia no publicamos nada que moleste al gobierno. Yo les digo a mi mujer y a mis hijos que tengan cuidado, que me pueden quitar el trabajo”.
Este temor no es infundado. La última encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP-UCA) señala que el 57.9% de la población cree que es “muy probable o algo probable” sufrir consecuencias por expresarse críticamente contra el gobierno. Además, el 48% cree que incluso puede ser detenido o encarcelado por hacerlo.
Los empleados públicos —como los policías— temen perder sus empleos. En un contexto donde el silencio garantiza estabilidad, la autocensura se ha convertido en el escudo de miles de servidores públicos.
Una vejez empobrecida
Más allá de los riesgos, Rubén está angustiado por el futuro. Tras casi tres décadas de servicio, su salario apenas supera los $500 mensuales. “Gano $577, pero solo me entregan $507. ¿Cómo me va a quedar la pensión?”, se pregunta con amargura.
Los bonos recibidos durante los últimos gobiernos no han sido incorporados al salario base. “Sánchez Cerén nos dio un bono de $300, Bukele lo aumentó a $400, pero como no fue incremento salarial, no cuenta para la pensión. Si hubiera sido salario, yo me jubilara con un poquito más”.
Rubén sabe lo que le espera. “Después de servir 30 años o más al Estado, lo que nos viene es una ancianidad muy pobre”.
La fuerza que se desvanece
La Policía Nacional Civil nació como una institución civil, al servicio de la comunidad, luego de los Acuerdos de Paz de 1992. Hoy, muchos de sus agentes se sienten desplazados, desprotegidos y silenciados. La falta de recursos, la militarización de la seguridad pública y el temor a expresar opiniones han vaciado de sentido su vocación.
Rubén, como tantos otros, sigue patrullando. Pero ya no por convicción. Lo hace por necesidad. “Este ya no es el país por el que decidimos servir hace 26 años”, concluye.
Por: Prensa Izcanal