El lunes recién pasado, el reloj parecía detenerse en la Colonia El Guarumal, en Santiago de María, Usulután. Eran casi las 4 de la tarde, mis hijos me esperaban en la calle principal, con la ilusión de pasar una tarde en el centro comercial en las afueras de Usulután, cuando de repente la tranquilidad se vio rota. Una patrulla policial se detuvo de manera abrupta frente a ellos. Los policías, al notar a mi hijo, de 16 años quien luce el pelo largo, se abalanzaron sobre él, iniciando un interrogatorio que parecía más un acto de intimidación lleno de hostilidad, que una mera formalidad.
Por suerte justo iba llegando, sin comprender lo que estaba sucediendo, en medio de la confusión y el desconcierto, mi corazón se aceleró sin control. Corrí hacia la escena con una mezcla de urgencia y furia. Lo que más me impactó fue la presencia de cinco policías de la Sección Táctica Operativa (STO), fuertemente armados, que se mostraron imponentes frente a un indefenso joven. Su único “delito” era desafiar el estereotipo que impone que el cabello largo lo convierte en sospechoso. El ambiente se llenó de tensión; el uso desmedido de la fuerza por parte del Estado, encarnado en estos agentes, evidenció un abuso que trasciende la mera actuación policial. Pregunté con voz firme qué pasaba, porque nada en esa escena tenía sentido: un joven siendo cuestionado tan severamente únicamente por su apariencia. En ese momento, la inseguridad jurídica y la falta de garantías constitucionales se hizo palpable, el acoso policial emergió como un recordatorio inquietante de cómo ciertos estereotipos pueden transformar la presencia de un adolescente en un “sospechoso” a ojos del Estado.
Como periodista, cada día me esfuerzo por dar voz a las injusticias y defender los derechos de las comunidades, pero ese instante me llenó de temor y rabia. Me preocupa profundamente la seguridad de mi familia y el ambiente en el que crecen nuestros jóvenes. Este incidente no es solo un caso aislado, sino parte de un patrón de abuso que urge ser detenido. Es momento de exigir respeto y justicia, para que ninguna persona, por su apariencia o por ser quien es, tenga que vivir este tipo de situaciones. Esta experiencia me ha llenado de temor, pero también de una renovada determinación para luchar contra estas prácticas y exigir el respeto y la justicia que merecemos.
Hoy, más que nunca, es crucial que todos nos unamos para señalar y detener estos abusos. No podemos permitir que el régimen de excepción sirva como una excusa para que las instituciones que deberían protegernos terminen reprimiéndonos. Es inaceptable que el miedo se apodere de nuestras calles y que nuestras libertades sean amenazadas solo por prejuicios.
Tenemos la responsabilidad de luchar contra estos atropellos y exigir el respeto a la dignidad y la libertad de cada ciudadano.
Por: Ulises Soriano, periodista.