Por Radio YSUCA.
El llamado Régimen de Excepción, el cual está vigente en el país desde el pasado 27 de marzo, está dejando un sin número de personas capturadas. A la fecha se habla de más de 12 mil personas.
Pocos de los capturados han sido liberados, ya que no pudieron evidenciarles ningún delito. A criterio de el abogado constitucionalista Enrique Anaya hubo un daño a su honor, ya que fueron expuestos en medios de comunicación. Ante esta situación, dice el abogado que el gobierno debe indemnizar a estas víctimas, ya que ante la sociedad su imagen ha quedado dañada.
El artículo 2 de la Constitución de El Salvador establece que “se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen”.
En esa línea va el artículo 6, que estipula que “Toda persona puede expresar y difundir libremente sus pensamientos siempre que no subvierta el orden público, ni lesione la moral, el honor, ni la vida privada de los demás. El ejercicio de este derecho no estará sujeto a previo examen, censura ni caución; pero los que haciendo uso de él, infrinjan las leyes, responderán por el delito que cometan”.
Sin embargo la situación dentro del país es grave, ya que actualmente el daño al honor bajo el Régimen de Excepción no será resarcido, pese a que existe una ley que así lo establece, señala el abogado Enrique Anaya.
La ley señala que el proceso debe iniciarse demandando al responsable del daño al honor, además, hay muchas pruebas que incriminan al Estado de vulnerar a muchas personas inocentes.
Muchos de los capturados han sufrido daño a su imagen ya que durante el procedimiento fueron expuestos ante los medios de comunicación y redes sociales. Además a muchos se les encerró en centros penales, bartolinas policiales, cuarteles, sin derecho a defensa, esto pudo haber ocasionado pérdida de trabajo y daño psicológico.
Es lamentable, dice el abogado, que el Estado vulnere a su antojo los derechos de los salvadoreños y luego no se pueda resarcir ese daño pese a que está escrito en la Constitución de la República y leyes secundarias. El país vive actualmente sin garantías ni respeto a las leyes, concluyó Anaya.