Por: Melissa Sánchez / Diario CoLatino.
El Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, junto con otras organizaciones populares, rechazó la ley del Bitcoin que entrará en vigencia en septiembre próximo, y exigen su derogación, tras exponer las razones de esta petición.
La primera es que dicha ley fue impuesta por el Ejecutivo de manera improvisada y sin estudios previos. Asimismo no fue consultado el pueblo, además, en las encuestas de opinión, la población salvadoreña y distintas gremiales de empresarios se oponen a la ley por los efectos negativos que podría traer en los precios e ingresos, que beneficiará solo a empresas vinculadas al gobierno.
La segunda razón es que el Bitcoin es volátil y, por lo tanto, especulativo, lo cual generaría pérdidas y los principales afectados sería la misma población salvadoreña.
Y la tercera es que los empresarios que utilicen su capital en Bitcoin no pagarán impuestos sobre sus ganancias, asimismo, el gobierno deberá invertir millones para aplicar el uso de la moneda, como: la creación de un fideicomiso de 150 millones de dólares que manejará El Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL), esto de acuerdo con el artículo 14 de dicha ley, en el que especifica que la dicha entidad se encargará de la “convertibilidad automática e instantánea de Bitcoin a dólar”.
Seguido por, el incentivo anunciado por Bukele el pasado mes de junio de “regalar” 30 dólares al descargar la aplicación “CHIVO”, los cuales son recursos del estado y lo que conllevaría a un gasto de 75 millones, así como la instalación de cajeros, la producción de la criptomoneda, la infraestructura satelital para dar cobertura en zonas rurales generaría más gastos.
De igual manera, las organizaciones declararon que: “el bitcoin facilitaría, la corrupción pública y las operaciones que los traficantes de drogas, armas, personas, y evasores de impuesto. También provocaría un caos monetario, golpearía los salarios y pensiones”.