Luego de ocho meses de haber presentado un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia contra el convenio entre la ANDA y la empresa Urbánica, que busca la explotación de pozos para el proyecto Ciudad Valle del Ángel, las comunidades del norte de San Salvador aún no reciben respuesta. Denuncian que, no solo se está vulnerando su derecho al agua, sino también el de pronta y cumplida justicia.
El Foro del Agua y el Colectivo Salvemos Valle del Ángel pidió a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, agilizar la resolución contra el convenio entre la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) y la empresa Urbánica, propiedad de la familia Dueñas, que establece la perforación de ocho pozos profundos para el proyecto urbanístico Ciudad Valle del Ángel, al norte de San Salvador.
El 4 de octubre de 2019, se interpuso una demanda de inconstitucionalidad contra este convenio, argumentando la existencia de una concesión dada por ANDA hacia la empresa para la explotación de agua potable en beneficio del proyecto.
Ariela González, abogada de FESPAD, recordó que las concesiones son competencia de la Asamblea Legislativa y no de la ANDA.
“Es importante recordar que una concesión es entregar un bien público a una empresa privada y esta autorización es únicamente competencia de la Asamblea Legislativa poder darla. El Foro del Agua argumenta que esta concesión es ilegal, ya que ANDA no posee las herramientas legales o el mandato legal para entregar esta concesión por medio de un convenio”, explicó la abogada.
A la fecha, aún no tienen respuesta de parte de la Sala de lo Constitucional, reportaron las organizaciones. Situación que les preocupa, ya que, aseguran, han agotado todas las instancias administrativas. “A 8 meses de haber interpuesto la demanda, estamos ante la vulneración no solo del derecho al agua, sino también de la pronta y cumplida justicia de estas comunidades”, aseveró González.
“Esto es una concesión encubierta”, señaló Alejandro Henríquez, del Foro del Agua. “No es posible que la Sala esté resolviendo casos más complejos jurídicamente, como los generados durante la pandemia, y esté dilatando este proceso donde ya existe legislación y jurisprudencia abundante, principios internacionales de derechos humanos, especialmente del derecho humano al agua”, apuntó.
Entre los argumentos planteados por las organizaciones para que el convenio se declare inconstitucional, se considera que ANDA ha extralimitado las funciones legales conferidas en su Ley de Creación, por lo que ha incurrido en una clara violación a la Constitución, específicamente en los Artículos 103 inciso tercero, que establece que “el subsuelo pertenece al Estado, el cual podrá otorgar concesiones para su explotación” y 131 ordinal 30.
En diciembre de 2019, las organizaciones también solicitaron medidas cautelares ante la Sala de lo Constitucional, para impedir se apruebe el permiso ambiental a la empresa Urbánica, así como declarar inconstitucional el convenio con ANDA.
Las organizaciones y comunidades aseguran que se mantendrán vigilantes ante la falta de respuesta de las instituciones del Estado, en torno a la vulneración de su derecho al agua y al acceso a la justicia.
Por: ARPAS.